Taxis en Barcelona / EFE

Taxis en Barcelona / EFE

El pulso de la ciudad

Los discapacitados ponen a los taxistas en el punto de mira

Exigen al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) que cumpla la normativa que exige un 5% de coches adaptados

3 julio, 2019 17:53

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Los taxistas de Barcelona incumplen la normativa europea referente al porcentaje de taxis adaptados, como avanzó Metrópoli Abierta, y unas 15 personas han exigido soluciones inmediatas al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) y al gobierno municipal.

En Barcelona soy hay 91 taxis adaptados, una cifra que ni tan siquiera representa el 1% de su flota. En la Ciudad Condal debería haber 525.

RECLAMACIÓN AL IMET

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el abogado Marc Vilar, del Colectivo Ronda, que asesora a los discapacitados, ha informado de que la reclamación al IMET supone el paso previo a la interposición de una demanda judicial por incumplimiento de la legislación estatal e internacional.

"La normativa se ha incumplido de forma flagrante, sin llegar al 1 %" de taxis adaptados, con lo que "la gravedad jurídica es manifiesta", ha denunciado Vilar, que ha señalado los próximos 3 meses como claves para una resolución, según informa EFE.

CONDICIONES BÁSICAS

En su intervención, Vilar ha añadido: "Pese a la obligatoriedad jurídica, nos encontramos que han pasado casi 12 años y la situación es lamentable". El abogado del Colectivo Ronda hacía referencia al Real Decreto 1544/2007, cuyo objetivo era establecer condiciones básicas de acceso y no discriminación de personas con discapacidad al transporte público en un plazo máximo de 10 años.

José Miguel, uno de los miembros del grupo denunciante y representante electo del colectivo de Personas con Diversidad Funcional de Barcelona, ha asegurado que "casi un 30 % de personas en silla de ruedas necesitan de forma urgente taxis adaptados o un servicio de puerta a puerta".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

"Hace dos años había 118 taxis adaptados, pero en la actualidad se han visto reducidos a 47", ha asegurado José Miguel, que ha añadido que pedirán responsabilidades políticas y sociales por este retraso en la aplicación de la normativa.

María Olivé, otra de las denunciantes y miembro de la Oficina de Vida Independiente (OVI), ha denunciado que "en ningún momento ha habido voluntad de cumplimiento más allá de los acuerdos firmados en su día", y que "nos plantearemos acciones más contundentes para visibilizar este problema".