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La juez ha ordenado el desalojo forzoso de las víctimas del incendio de la nave ocupada de Badalona, que permanecen acampadas en la calle desde que ocurrió el accidente dados los "altercados" y "actitudes incívicas" ocurridos entre los supervivientes y el contexto de pandemia.

En un auto, la magistrada del juzgado contencioso número 6 de Barcelona ha resuelto estimar la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento para desmantelar el campamento improvisado, en el que residen desde hace unas tres semanas decenas de migrantes que vivían en la nave incendiada.

DESALOJO DE LAS PERSONAS

La juez considera que existe un "evidente interés público" en llevar a cabo el desalojo por los "altercados" que han tenido lugar entre las personas acampadas en "circunstancias idóneas" y para preservar su salud a raíz de la pandemia.

"No solamente existe un evidente interés público en llevar a cabo el desalojo de las personas que ocupan la vía pública, sino que además la necesidad de velar por la vida e integridad de estas personas, quienes no aceptan la solución habitacional y de otras índoles ofrecidas por la Administración, determina que sea necesaria la autorización judicial reclamada", señala el auto.

"ACTITUDES INCÍVICAS"

En su decisión, la juez ha tenido en cuenta los informes de la Guardia Urbana remitidos por el consistorio sobre "actitudes incívicas de las personas acampadas en la vía pública, atenciones sanitarias por pérdida de conciencia o insuficiencia respiratoria, manifestaciones espontáneas e intentos de mediación municipal fallidos".

Se trata de informes sobre las actuaciones que la policía local llevó a cabo los días 19 y 21 de diciembre a raíz de "una pelea entre personas acampadas, seguidas del consiguiente escándalo, encendida de hogueras, tensiones y peleas entre los miembros del asentamiento el día 22 con resultado de dos personas lesionadas, una de ellas detenida, presencia de ambulancias y de refuerzo de efectivos policiales".

ALTERNATIVA HABITACIONAL PARA LAS PERSONAS

Asimismo, la juez recuerda que, a excepción de siete, los acampados no han querido aceptar la solución que los servicios sociales municipales les ofrecieron y que incluía "una alternativa habitacional, alimentos, ropa, asesoramiento jurídico, seguimiento social y soporte a las denuncias para obtener duplicados de documentación perdida en el incendio, obtención de tarjetas sanitarias, seguimiento médico y soporte sanitario".

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