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El denunciante de la Fundación Leo Messi, Federico Rettori, pedirá explicaciones a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, bajo cuyas competencias se encuentra el control y la supervisión de las fundaciones catalanas. “Presentaremos un escrito pidiendo explicaciones. Es necesario que la Administración explique porqué se ha dejado operar a la Fundación sin ningún tipo de control, conociendo su largo historial de fraudes y queremos saber por qué, ante los indicios de presuntos delitos, no se tomó ninguna medida”, explicó Rettori a Metrópoli.

El denunciante (presentó una demanda ante la Audiencia Nacional la pasada semana) trabajó para la Fundación Messi y para Social Team, la empresa que dirigía en realidad las actividades de la entidad benéfica. Tras varios años en primera línea, decidió denunciar las triquiñuelas de la Fundación para desviar fondos que deberían haber ido a su objeto social. Y cuando acudió a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, descubrió que la Fundación no se había inscrito hasta el año 2013, por lo que estuvo siete años funcionando de manera ilegal. En total, el denunciante quiere que se aclare el destino final de alrededor de 6 millones de euros que salieron de las arcas de la fundación de Barcelona desde el año 2013. Pero pide también que se investigue el cobro de varios millones en paraísos fiscales, que nunca llegaron a las cuentas en Barcelona.

Tras ese descubrimiento, asegura Rettori, “no se pidieron ningún tipo de explicaciones a la Fundación. No hubo ni un solo requerimiento o apercibimiento ni se tomó ninguna medida para solventar las irregularidades y la entidad siguió funcionando como si nunca hubiese pasado nada. ¿Para qué queremos un protectorado si no cumple su función legal, que es vigilar y corregir las ilegalidad que se descubren?”, explica a este diario el exdirectivo.

REQUERIMIENTO LA PRÓXIMA SEMANA

Rettori asegura que hizo llegar a la Administración catalana información sobre las irregularidades. Y que advirtió del “historial de fraudes y de los presuntos delitos” que la Fundación había cometido ya en Argentina, donde está siendo investigada por dos jueces. “Sé que esto les pone en una situación incómoda, pero como organismo de bien público, la Generalitat debía haber tomado medidas. Tendría que haber vigilado para que la Fundación trabajase honestamente, sobre todo después de haber tenido conocimiento de las irregularidades denunciadas”.

Por eso, la próxima semana presentará un requerimiento en las oficinas de la Generalitat para que le expliquen las iniciativas de control que se llevaron a cabo tras denunciarse los presuntos delitos de la Fundación. Entre ellos, se enumeran los de desviar el dinero de algunos de los convenios hacia cuentas corrientes en paraísos fiscales, a nombre de empresas pantalla manejadas por testaferros de la familia Messi.

EL MISTERIO DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS

El astro del Barça cobrara muchos de sus convenios a nombre de la Fundación. Pero al final, los pagos se desviaban y no llegaban a la entidad, sino que se enviaban a sociedades off shore que nada tenían que ver con los contratos firmados. Otras de las irregularidades denunciadas son los elevados gastos de funcionamiento de una entidad que tiene sólo una persona en plantilla: la cuñada del propio Leo Messi. Los gastos de arrendamiento de las oficinas (que se pagan a una empresa del propio futbolista y que se sitúan en 8.000 euros mensuales) o abultadas facturas en abogados son otras de las irregularidades.

De estos últimos gastos, se pide investigar si facturas por más de 700.000 euros sirvieron para pagar los honorarios del juicio que tuvieron Leo Messi y su padre, Jorge Messi, por defraudar a Hacienda y que les sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial. De ser así, podrían haber incurrido en gastos indebidos, ya que los honorarios de los letrados en el proceso frente a Hacienda no tiene nada que ver con la Fundación ni con su funcionamiento.

EL DESCONTROL EN ARGENTINA

Otra de las irregularidades denunciadas ante la Generalitat había sido el incumplimiento de la ley que obliga a las fundaciones a destinar al menos el 70% de sus ingresos a la obra social para la que fueron creadas. Y, según el denunciante, esa cláusula no se ejecuta ni de lejos, ya que sólo iba destinado al objeto social una mínima parte de los ingresos. Por el contrario, sí se descubrieron partidas enviadas a la delegación que la Fundación creó en Argentina (se enviaron más de 5,9 millones), donde el control era aún menor que en España, ya que en el país sudamericano la Fundación no presentó cuentas ante la Administración pública hasta noviembre del año pasado (llevaba funcionando desde el año 2009).

En Argentina, la entidad está acusada ante la justicia de aquel país de haber desviado alrededor de unos 10 millones de euros. La matriz española puede tendrá que dar explicaciones por una cifra aún superior, ya que a los casi 6 millones que se enviaron como “obra social” a la Fundación en Argentina se deben añadir otros casi seis millones en gastos sospechosos.