La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que el Ayuntamiento de Barcelona se ha personado tarde como acusación particular en el caso de la quema de una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro. Los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de febrero junto a la comisaría de la Rambla durante unas protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel.

Según el sindicato, el consistorio se presentó como acusación particular el 31 de marzo y ha evitado, de esta forma, tener que personarse en la parte más dura de la instrucción y que incluye la calificación de los hechos, las imputaciones, la retirada de los pasaportes o los autos de prisión provisional de los detenidos, ha avanzado Crónica Global. Hace unos días, CSIF acusó al Ayuntamiento de no haberse personado, lo que fue negado por fuentes municipales, que aseguraron haberse presentado como acusación particular a finales de marzo.

CARTA DEL AYUNTAMIENTO

La versión municipal queda confirmada en una carta del jefe de Relaciones Laborales del Ayuntamiento, Vicenç F. Serrano, a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. En la misiva, Serrano informa que el Ayuntamiento presentó el 31 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona "la solicitud para personarse en calidad de acusación particular, y subsidiariamente como acusación particular en el caso de que no se reconociera su condición de perjudicado".

Eso sí, la personación municipal ha llegado casi un mes más tarde del anuncio a la prensa, que se hizo el 4 de marzo. La nota del Ayuntamiento llegó después de que en el pleno de febrero el gobierno de Ada Colau rechazara una proposición de Barcelona pel Canvi para personarse como acusación por los disturbios. Fuentes municipales recogidas por Crónica Global expresan la voluntad del Ayuntamiento de personarse en el caso de la quema de la furgoneta y que ser acusación particular requiere de unos informes jurídicos previos, lo que explicaría el retraso.

OCHO DETENIDOS

Por aquel ataque, fueron arrestadas ocho personas, informaron los Mossos d'Esquadra. Los agentes les acusan de pertenencia a grupo criminal y de los delitos de tentativa de homicidio y de desórdenes públicos y daños. Seis de los detenidos son de nacionalidad italiana, uno de nacionalidad francesa y otro de nacionalidad española. Una de las detenidas ya fue puesta en libertad.

El portavoz y secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano, asegura que el 7 de abril el Ayuntamiento todavía no figura como acusación particular porque el juez no ha resuelto la solicitud, que fue presentada el 31 de marzo, a las puertas de las vacaciones de Semana Santa. Para Zambrano, los agentes de la Guardia Urbana se sienten desprotegidos por el gobierno de Colau por la tibieza con la que actúa con los grupos de alborotadores. Metrópoli Abierta ya se hizo eco del malestar existente en el cuerpo tras el ataque 

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