Durante el primer trimestre de 2021 se han vivido desahucios particularmente dramáticos en Barcelona. Un restaurador arruinado por la pandemia amenazó con saltar por la ventana cuando procedían a echarlo de casa. Una madre y sus dos niños fueron desalojados a pesar de estar en cuarentena. La ONU tuvo que intervenir para que no desahuciaran a una anciana de 83 años, y pocos días después lo hizo de nuevo para impedir el de otro señor de 84. Unas imágenes que podrían ser cada vez más frecuentes los próximos meses. Durante el estado de alarma se han impulsado decretos a nivel estatal y autonómico para tratar de garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, su vigencia acaba con el fin del estado de alarma, que está fechado para el 9 de mayo. 

Un bombero asomándose a la ventana desde donde Pep amenazó con tirarse / TWITTER-Sindicat d’Habitatge de Nou Barris
Un bombero asomándose a la ventana desde donde Pep amenazó con tirarse / TWITTER-Sindicat d’Habitatge de Nou Barris

POSIBLE OLEADA DE DESAHUCIOS

“Si no se renueva a partir de esta fecha veremos una oleada de desahucios brutal. En Barcelona tienen lugar 2.500 al año y esta cifra la veremos multiplicada porque los que se han ido posponiendo estos meses se llevarán a cabo, a no ser que finalmente se consiga la primera ley de vivienda del Estado, aunque si todo va como apunta se quedará en un juego de niños”, explica a Metrópoli Abierta Santi Mas, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona. 

Manifestación a favor de la regulación del alquiler en Barcelona este sábado / CUP
Manifestación a favor de la regulación del alquiler en Barcelona este sábado / CUP

Según el portavoz de la plataforma, todo depende de dos cosas. Por un lado, de cómo avance la propuesta de ley de vivienda estatal, y por otro, de si la Generalitat reaprueba el decreto de vivienda que tumbó en enero el Tribunal Constitucional (DL 17/2019), que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente alguna de sus viviendas. Si la Generalitat aprobara de nuevo este decreto, Maribel Tejera, que se verá obligada a dejar el piso en el que vive en junio, dormiría más tranquila.

EL CASO DE MARIBEL

Maribel llegó de República Dominicana a España hace 33 años y tras llevar 14 trabajando en un hotel con lo que consideraba un buen sueldo (1.400 euros al mes más horas extras), en 2007 solicitó una hipoteca y compró un piso al Deutsche Bank. Le pilló la crisis de la burbuja inmobiliaria y en 2013 el hotel cerró. “Me fui al paro y luego me busqué un trabajo, pero no me daba para la hipoteca. En 2014 conocí la PAH y vino la ley 24/2015, con la que estaban obligados a darme una dación en pago y un alquiler social. Lo firmé en 2016 por tres años y me vencía en mayo del 2019”, explica a este medio. Sin embargo, durante este tiempo, el banco vendió la propiedad a un fondo de inversión (Placerville) y aunque ella se puso en contacto con el fondo para solicitar que le renovaran el alquiler social cuando terminase, no surgió efecto. “Me contestaron en 2019 con una demanda por finalización de contrato. Después me mandaron un desahucio exprés. Lo recibí un día 30 para que me fuera un 31, pero se pudo parar con mi abogado”, recuerda.

Desde entonces ha seguido pidiendo la renovación del alquiler, sin dejar de pagar los 262,50 euros establecidos, y en octubre de 2020 le solicitaron la documentación para, en principio, proceder a la renovación. La mandó con la ilusión de que podría seguir viviendo en el piso, pero poco después de que el alto tribunal tumbara el DL 17/2019 le llegó la orden de desahucio para este 6 de abril. “Trabajo haciendo limpieza a domicilio y cobro 680 euros al mes, no puedo acceder a un piso del mercado. Llevo un año en contacto con los servicios sociales para pedir la documentación que acredite que soy una persona vulnerable y me lo entregaron el jueves pasado con el desahucio ya encima. Con esto el juez me lo ha parado hasta junio pero los meses pasan volando y ahora tengo otra vez la misma incertidumbre. Es un sinvivir y una angustia”, relata afectada.

En sintonía, añade que los servicios sociales siempre dicen lo mismo: “Te dicen que no hay pisos disponibles y tienes que buscarte una habitación, y sino un albergue, y se queda todo el mundo tan tranquilo, mientras tu te quedas destrozado. Parece que una persona sola no tiene derecho a tener una vivienda. Los servicios sociales tanto que presumen de ayudar y tras hablar con ellos te quedas peor”, explica a este medio.

EMERGENCIA HABITACIONAL

Como evidencia la situación de Maribel y pone sobre la mesa el portavoz de la PAH, “en Barcelona vivimos en una situación de emergencia habitacional desde el 2007. Es un problema crónico que sufre la ciudad por la falta de un parque de vivienda pública y la falta de políticas de vivienda". Y es que, tal y como recoge el informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, “el acceso a la vivienda en Barcelona, junto con las dificultades para mantenerlo, es uno de los mayores problemas a los cuales tiene que hacer frente la ciudadanía” y la Ciudad Condal sigue siendo una de las capitales más caras de España para vivir. "Ahora al panorama que ya había se le suman los desahucios que se han pospuesto durante estos meses y la crisis económica y social ligada al covid. Si no se avanza con las leyes y políticas de vivienda la situación puede ser dantesca”, alerta Santi Mas. 

Alejandro Jorge, el abuelo que estubo a punto de ser desahuciado en el Gòtic / BETEVÉ
Alejandro Jorge, el abuelo que estubo a punto de ser desahuciado en el Gòtic / BETEVÉ

1.028 FAMILIAS DESAHUCIADAS

A pesar de las medidas tomadas para impedirlo, durante el 2020 1.028 familias fueron desahuciadas en la ciudad, según la PAH. La cifra se ha reducido casi a la mitad respecto al 2019, pero continua siendo elevada. Uno de los motivos que explica este descenso es que durante la primera oleada del covid se interrumpió prácticamente la totalidad de la actividad judicial. Pero en cuanto se reprendió, las órdenes de desahucio volvieron a ponerse sobre la mesa. Según un informe de la Unitat Antidesnonaments de l'Ajuntament de Barcelona, desde el 14 de septiembre —fecha en que los juzgados reemprendieron la actividad— hasta el 23 de octubre, es decir, en poco más de un mes, el consistorio tuvo conocimiento de 443 órdenes judiciales de desalojo. Este casi medio centenar de lanzamientos afectaba a 1.211 personas, entre las que se encontraban hasta 463 menores.

Desahucio a una familia de un local de Blackstone en Gràcia / SINDICAT D'HABITATGE DE VALLCARCA
Desahucio a una familia de un local de Blackstone en Gràcia / SINDICAT D'HABITATGE DE VALLCARCA

La mayoría de los desahucios afectaban a familias que habían ocupado viviendas propiedad de bancos, seguidos por familias que vivían de alquiler y pagaban su renta con normalidad hasta que uno de los adultos perdió el empleo. Del total de las órdenes notificadas de desahucio, más del 50% fueron impulsadas por grandes tenedores, empresas, bancos y personas físicas que tienen a su nombre más de 15 viviendas en Cataluña. De estos 443 casos se lograron evitar 405, el 90%. No obstante, a las 1.211 personas vulnerables afectadas por un proceso de expulsión de las que el Ayuntamiento tenía constancia, hay que sumar las unidades familiares desalojadas por procedimientos penales no necesariamente vinculados a actividades de delincuencia. La propia Unitat Antidesnonaments recoge en su informe que aunque desconocen la cifra, algunas fuentes la sitúan en diversos centenares. Unas cifras, que podrían agravarse a partir de mayo si finaliza el estado de alarma y no se toman nuevas medidas contundentes respecto al derecho a la vivienda.  

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