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La decisión de confinar la ciudad de Barcelona en la fase 1 de la pandemia, tomada por el Govern de Quim Torra, puede tener problemas con la legalidad. De hecho, los criterios en los que se basa la decisión de la Generalitat no tienen lógica ni soporte normativo: no existe la región sanitaria de Barcelona ciudad en ninguna de las divisiones administrativas existentes, por lo que la medida es, sencillamente, ilegal y es nula de pleno derecho la limitación de movilidad dentro del área metropolitana.

“Según las órdenes del Ministerio de Sanidad, que es el competente en materia de desescalada, el pase a la fase 1 se aplica por unidades territoriales. En el anexo de la última orden (23 de mayo), la unidad territorial es la región sanitaria de Barcelona”, dice un informe elaborado por expertos jurídicos. La región sanitaria de Barcelona, conforme determina un decreto por el que se crean las regiones sanitarias en 2013, engloba toda el área metropolitana, sin hacer distinción entre localidades.

Un acuerdo del consejo de dirección del Servei Català de la Salut (CatSalut) del 29 de mayo de 2017 proponía reordenar la región sanitaria de Barcelona, que concentra el 66% de la población de Cataluña. Esta región abarca la capital catalana y el área metropolitana. El CatSalut proponía dividir esta zona en tres ámbitos: el de Barcelona ciudad y las regiones del Ámbito Metropolitano Norte y Sur.

UN DECRETO JAMÁS MODIFICADO

“Se propone que estos tres ámbitos se conviertan en tres regiones sanitarias diferenciadas una vez se apruebe la modificación del Decreto 10/2013, de 3 de enero, de delimitaciones de sectores sanitarios y regiones”, dice textualmente el acuerdo tomado dentro del CatSalut. Sin embargo, la modificación del citado decreto nunca se realizó, por lo que legalmente no existen los tres ámbitos de esta región sanitaria.

El informe citado de los expertos subraya que en esa orden “se propone que estos tres ámbitos se conviertan en tres regiones sanitarias una vez se apruebe la modificación del decreto de 2013. Una vez consultadas todas las páginas web de la Generalitat y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), no consta la publicación de la modificación del decreto 10/2013. Toda norma que no se publica en el diario oficial no es vigente y no existe”. La conclusión, pues, es de cajón: el confinamiento de Barcelona ciudad, separándola del resto de su región sanitaria no se ajusta a la ley.

Los expertos aducen que la orden del 23 de mayo del Ministerio de Sanidad “aplica la fase 1 a la región sanitaria de Barcelona, que es la única existente. En consecuencia, la movilidad de los ciudadanos no tendría limitación dentro de todo el territorio metropolitano de Barcelona”. Y, por consiguiente, niegan que haya tres regiones sanitarias en la zona que engloba Barcelona y sus alrededores.

“ES UNA ABERRACIÓN”

Las especificaciones aplicadas por la Generalitat para confinar a los habitantes de la capital catalana se rigen por “un acuerdo interno que, en un momento dado, se tomó dentro del CatSalut, pero que no es legal hasta que no se modifique el decreto inicial de regiones sanitarias”, explica a Metrópoli Abierta uno de los redactores del informe. Esta fuente resalta que la decisión del Govern es “una aberración, ya que jamás se implementó esa nueva división y, desde el punto de vista legal, no existe”. Concluye la fuente que la discusión sobre la conveniencia o no de confinar Barcelona “no tiene ningún fundamento jurídico, al no existir legalmente tres regiones sanitarias diferenciadas en esta zona”.

El informe citado explica que las tres regiones que se habían previsto dentro del CatSalut en un momento determinado englobarían, por un lado, a Barcelona ciudad, con 10 distritos. La segunda zona sería la Metropolitana Norte, con el Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental Este, Vallès Occidental Oeste y Vallès Oriental. La Metropolitana Sud incluiría el Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Centre-Litoral, L'Hospitalet de Llobregat y Alt Penedès-Garraf.

El informe concluye que “sería ilegal y nula de pleno derecho cualquier limitación de movilidad de los ciudadanos que pretenda ampararse en que se trata de regiones sanitarias distintas”.

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