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Cinco años después de la aprobación de la Ley catalana LGTBI, el presidente del Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Cataluña, Eugeni Rodríguez, asegura que "a nivel ejecutivo no se han hecho los deberes”. ¿La razón? La Generalitat de Cataluña aún se basa en un decreto del año 1993 y no cuenta con un reglamento sancionador.

Desde el 2 de octubre de 2014, el OCH ha registrado en Cataluña 562 incidencias LGTBIfóbicas, que es la suma de agresiones físicas y verbales notificadas a la entidad. De todas estas, Rodríguez asegura que la Generalitat solo ha sancionado 10, y eso está muy por debajo de lo que había esperado la comunidad LGTBI durante estos años. “Hay una cifra absolutamente ridícula delante de la gran cantidad de incidencias que ha habido”, señala Rodríguez en el Centro LGTBI de Barcelona

SANCIONES INSUFICIENTES

Más allá de las pocas penalizaciones que se han impuesto en los últimos años, Rodríguez subraya que el tipo de sanciones impuestas están muy lejos de estar a la altura. “A una persona le puede salir muy barato perpetrar una agresión LGTBIfóbica. El castigo suele estar muy por debajo de lo qué debería ser”, dice el presidente de la Plataforma LGTBI-Cat, Joaquim Roqueta, que acompaña a Rodríguez en este acto donde denuncian que la Administración no está defendiendo de forma pertinente los derechos de las personas LGTBI. “No creemos que se pueda dar respuesta a los derechos de la comunidad LGTBI con unas penalizaciones económicas ridículas”, añade Roqueta, que al mismo tiempo recuerda que este año se han producido 40 incidencias más que en 2018, un total de 123.

Un ejemplo del tipo de sanciones que serían necesarias en Cataluña para frenar la LGTBIfobia es la multa de 20.000 euros que la Comunidad de Madrid autorizó recientemente a una ‘coach’ que promocionaba terapias contra la homosexualidad en Internet. “A esta mujer le han prohibido dicha práctica en Madrid, pero perfectamente podía terminar por aquí. Debemos estar preparadas para sancionar”, alerta Roqueta.

OTRAS FALTAS

Sobre la ley por los derechos LGTBI que está vigente desde 2014, Roqueta ha criticado que "no tenga la potestad de citar a un tercero a declarar y sancionarlo en caso de no acudir", así que "no es efectiva" y "da lugar a un clima de impunidad en el que discriminar sale gratis o muy barato".

Otra de las prácticas que el OCH y la Plataforma LGTBI-Cat consideran que faltan en la metodología de la Generalitat es un servicio de atención de apoyo y acompañamiento a las víctimas adecuado. “La gente no se siente acompañada por la Administración. Tampoco les hacen un seguimiento, no les dan apoyo legal ni psicológico. Eso lo hace actualmente el OCH con los pocos medios que tiene”, sostiene Roqueta al hablar de un amparo que todo el mundo debería haber tenido siempre

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