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El grupo Azora, en el punto de mira de Ada Colau. El Gobierno municipal de Barcelona ha abierto un expediente sancionador contra el fondo inversor Azora Gestión Inmobiliaria SL por "incumplir la obligación de alquilar" un total de 20 pisos de un edificio que compró con protección oficial el año 2010.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha explicado que en el inmueble, en el número 11-12 de la plaza Alfons Comín, se ha detectado la desocupación de 20 pisos, una infracción tipificada como "muy grave" en materia de vivienda de protección oficial.

OBLIGACIÓN DE ALQUILAR

Ha recordado que la Ley 18/2007 obliga a la propiedad a "mantener la finalidad para la que se promovieron las viviendas, que es satisfacer la necesidad de una residencia habitual a personas usuarias", por lo que tiene la obligación de tenerlos alquilados.

El consistorio ha añadido que, a diferencia de los pisos convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período máximo es de tres meses.

MULTA EJEMPLAR

"El Ayuntamiento ha constatado a través de los consumos de agua que a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 un total de 20 pisos de este edificio han estado desocupados durante períodos de hasta tres años", ha asegurado.

Ha recordado que la Ley del derecho a la vivienda establece que las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multas de entre 90.001 a los 900.000 euros, aunque la cantidad no se conocerá hasta que se resuelva si se ha producido la infracción.

Se trata de un edificio de 66 vivienda y 111 aparcamientos no vinculados a los pisos, que se construyó para alquiler y con protección oficial durante los primeros diez años, y, a partir de esa fecha pasó a régimen de precio concertado, que dura 90 años.

PIDE A LA GENERALITAT QUE INTERVENGA

El Gobierno municipal ha explicado que sus indagaciones "han constatado que la compañía mantiene prácticas abusivas con los precios y con las condiciones de alquiler", y se ha dirigido a la Generalitat para que intervenga.

Ha asegurado que, al terminar el período de protección en julio de 2018, la propiedad aplicó a los inquilinos "los precios más altos que marca la normativa, que incluso son superiores a los precios de referencia del índice de la Agència de l'Habitatge de Catalunya".

"Son más caros que pisos similares de la zona que no tienen protección oficial", ha dicho el Ayuntamiento, que ha solicitado a la Generalitat que intervenga en el conflicto y dicte una orden para modificar los precios máximos para este tipo de viviendas.

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