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Los okupas están de enhorabuena: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está a punto de culminar varias operaciones urbanísticas que les reportarán a los colectivos antisistema pingües beneficios. Una de ellas es la decisión de comprar el edificio Bloc 17, en la calle Eivissa, por más de un millón de euros. Otra operación es la rehabilitación de los antiguos cines Niza, a los que en principio se oponía a derribar Colau pero que ahora está rehabilitando. Costarán al erario público alrededor de dos millones y medio de euros como mínimo y en ellos se instalará el Ateneu Sagrada Família, que también será cedido a colectivos alternativos, según ha podido conocer Metrópoli Abierta.

Las obras de construcción del Niza comenzaron este mismo mes de enero. El solar albergará un Mercadona, el Ateneu y entre 20 y 24 viviendas con aparcamientos subterráneos.

El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, puso este jueves el dedo en la llaga criticando la compra del Bloc 17 “para que éste siga siendo la sede gratuita de la CUP, cuando debe ser un equipamiento para todos los vecinos del barrio”. El edil recordaba que en la última comisión de Derechos Sociales, la CUP afirmó que el edificio en cuestión es el punto de reunión habitual de esta organización y, en especial, de la organización Arran, es decir, de sus juventudes.

Fernández Díaz criticaba, así, que “Colau sigue en su línea de comprar y ceder edificios para okupas y antisistema”, ya que además de ese bloque ha cedido espacios de la antigua comisaría de Gràcia y de otro edificio en el Hort de la Vila, en Sarrià. “Colau cedió al chantaje de la CUP y retiró a la Guardia Urbana de la entrada de ese edificio para que más de 50 personas lo ocupasen, celebrando un acto conjunto de recuperación del edificio en el que participaron hasta los concejales de la CUP”.

¿QUIÉN PAGA LA LUZ A LOS OKUPAS?

Pero no son los únicos casos. “Hay edificios comprados o cedidos que se les ceden a colectivos antisistema. Otro de los casos es el edificio Transformadors, ya desalojado, en el cual el Ayuntamiento les pagaba incluso la luz a los okupas”, explica el dirigente del PP a este diario. El concejal se pregunta si la estrategia del Ayuntamiento es sólo rehabilitar edificios para poder destinarlos a colectivos okupas, con los problemas de acceso a la vivienda que existe en la ciudad.

También critica los favores de Colau hacia el Casal Okupa 3 Lliris, de Gràcia, “a los que incluso se les pagó la conexión eléctrica durante las fiestas de Gràcia”, subraya. Fue precisamente este colectivo el que acabó ocupando la antigua comisaría de la calle Nil Fabra, en el cual la propia Arran organizó una charla este jueves. El Casal Okupa Tres Lliris es una consecuencia directa del desalojo del Banc Expropiat: jóvenes de este espacio y de otro del Casal Ros de Olano decidieron ocupar un nuevo espacio en Travessera de Gràcia, una antigua sucursal de Catalunya Caixa, al que bautizaron como Casal Popular Tres Lliris.

Tras ser desalojados, en noviembre del 2015, decidieron instalarse en la antigua comisaría de policía, propiedad del Patronato Municipal de Vivienda. El Ayuntamiento acabó cediendo su uso a los okupas. “En todo momento, reivindicamos la ocupación como una herramienta legítima contra la especulación y la gentrificación. Sin ella y toda la herencia de casales ocupados que nos han precedido, el Ayuntamiento no se habría visto forzado a ceder la antigua comisaría”, explican la historia del colectivo.

Un enfrentamiento entre la policía y 'okupas' / EFE
Imagen de un enfrentamiento entre la policía y okupas, el pasado verano / EFE

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Pero la gestión de la vivienda pública de Colau está encontrando muchos escollos. Esta misma semana, tuvo que desalojar un edificio ocupado en la calle Sant Ramon. El problema estaba en que esas viviendas estaban ya adjudicadas a familias con problemas económicos. La ocupación, sin embargo, hizo surgir los grandes vacíos en la política municipal sobre vivienda. Mercè Homs, concejala del PDeCAT, advirtió a la alcaldesa que lo que ocurrió en la calle Sant Ramon “puede volver a ocurrir en otros edificios”.

El edificio había sido adquirido por el anterior alcalde, Xavier Trias, que puso en marcha la estrategia de comprar edificios y rehabilitarlos para destinarlos a alquiler con precios asequibles. “Después de 4 años y medio de dejarlo a punto, el gobierno no ha hecho su tarea y por eso se produjo una ocupación ilegal”, acusó Homs.

Desde Ciudadanos fue Carina Mejías la que dio la cara para criticar a Colau, a la que acusó de “dejadez” y de que, con ella, evita “que familias vulnerables puedan acceder a vivienda social”. La solución al desbarajuste de la vivienda pública en Barcelona pasa, según Mejías, por “mantener los edificios de titularidad municipal desocupados y en agilizar la adjudicación de los mismos a las familias más vulnerables”. De momento, sin embargo, quien más beneficio ha obtenido de la gestión municipal de la vivienda es el colectivo antisistema.