Las promesas que beneficiarían a gran parte de los votantes de Ada Colau todavía no han dado sus frutos. El gobierno municipal hace justo un año lanzó la (polémica) medida para destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos nuevos de Barcelona. Con ello pretendía incorporar al parque de vivienda social unos 330 pisos cada año. Sin embargo, por ahora los efectos se han ocultado. Según la concejal de Vivienda en el consistorio, Lucía Martín, los pisos nuevos no estarán disponibles hasta el año 2021-2022. Es decir, hacia finales de su mandato actual.

Este martes, durante su en la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, ha puntualizado que la medida empezó a ser efectiva en diciembre de 2018, teniendo en cuenta que el ritmo de construcción supone un par de años. No obstante, no ha querido aclarar qué repercusiones supone la medida. Sobre todo respecto al encarecimiento de la compraventa de pisos y alquiler de vivienda.

UN IMPACTO DESCONOCIDO

Esta comparecencia de Martín ha sido a instancias del grupo municipal de JxCat que pedía explicaciones sobre el estado actual de la política municipal de vivienda y saber cuál ha sido el impacto de la cesión del 30% de la vivienda de nueva construcción y de las grandes rehabilitaciones para vivienda protegida.

La concejal ha advertido que la propuesta supone un cambio estructural del que no se pueden obtener resultados a corto plazo, y ha señalado que es una medida que ha venido "para quedarse, para cambiar las reglas del juego, que permitirá tener vivienda a precio asequible en sitios céntricos de la ciudad". "Tenemos que hacer pedagogía y hacer entender que lo que necesitamos es un sector privado que esté dispuesto a invertir en vivienda asequible pero que entienda que las expectativas de negocio no serán las que eran antes", ha azotado a las inmobiliarias.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA

Desde las filas de la oposición la medida se ve con recelo y siguen sembrando las dudas sobre su aplicación a efectos prácticos. La concejal de BCNCanvi Eva Parera ha criticado que el gobierno municipal desconoce la realidad, mientras Celestino Corbacho (Cs) ha exigido compromiso y conocer cuántas viviendas se están promoviendo desde que ha entrado en vigor la medida del 30%.

Eva Baró (ERC) ha valorado que el carácter del Gobierno municipal en este ámbito no termina de ayudar pues “se necesita más diálogo con todos los actores, generar más consensos”. Neus Munté (JxCat), por su parte, ha exigido responsabilidades y colaboración con otras entidades, y ha pedido realizar una comisión de seguimiento y evaluación. Y Óscar Ramírez (PP) ha criticado que con el Gobierno de Colau es cuando más se ha disparado la preocupación por la vivienda, y que "lo único que se ha hecho con esta medida es trasladar la responsabilidad a los promotores privados".

LOS PROMOTORES, EN CONTRA

Cabe recordar que entidades representativas del sector inmobiliario presentaron un recurso contencioso administrativo contra la norma aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona. La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya están detrás de la denuncia, pues entienden que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias para legislar sobre vivienda.

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