La regidora de Vivienda del gobierno de Colau, Lucía Martín / EUROPA PRESS

La regidora de Vivienda del gobierno de Colau, Lucía Martín / EUROPA PRESS

El pulso de la ciudad

Colau multa al fondo Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors

La sanción puede llegar a los 90.000 euros por cada una de las seis viviendas desalojadas

3 marzo, 2020 13:25

Noticias relacionadas

El gobierno de Ada Colau ha abierto un expediente sancionador al propietario del Bloc Llavors, desahuciado este martes por orden judicial, por no ofrecer un alquiler social a las seis familias que vivían en el edificio de la calle de Lleida, 38. La finca fue ocupada en julio de 2017 y ahora sido desalojada en medio de un fuerte despliegue policial. La sanción puede llegar a los 90.000 euros por piso desalojado. 

"Es incomprensible. Hace dos días el Govern aprobó un decreto que obliga a los propietarios a ofrecer alquileres sociales. Y ahora facilita que se haya hecho el desahucio con un operativo policial desproporcionado", ha dicho la regidora de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín. Horas antes, la edil de Barcelona en Comú había escrito un tuit cargando contra las "injustitficables" actuaciones de los Mossos.

UN CENTENAR DE AGENTES 

El desahucio se ha iniciado este martes pasadas las 08.00 horas cuando ha llegado la comitiva judicial. Un centenar de agentes se ha desplegado hasta la zona y ha ejecutado el desalojo dictado por la jueza que lleva el caso. 

Durante el desalojo se han producido momentos de tensión y algunas acciones desproporcionadas y excesivas por parte de algunos agentes de los Mossos. Unas 50 personas han pasado la noche en el interior de la finca para intentar impedir el desahucio. Una de las personas desalojadas ha denunciado agresiones verbales y físicas por parte de algunos policías.

FAMILIAS CON MENORES

En el bloque vivían seis familias, algunas de ellas con menores a cargo. Hasta el momento han podido parar hasta cinco intentos de desahucio. El último tuvo lugar el pasado enero. Entonces, la juez paralizó el desalojo hasta que se garantizara un alojamiento a estas personas. El bloque fue ocupado en julio de 2017.

Tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya habían advertido a la propiedad del edificio, el fondo Vauras Investment, de la obligación de garantizar un alojamiento a las familias antes de llevar a cabo el desalojo. Así lo establece el decreto de la Ley de Vivienda de la Generalitat.