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No son pocas las materias pendientes de Colau al frente del Ayuntamiento. A la insuficiente gestión ya demostrada en materias como vivienda y seguridad, entre otras, hay que sumar una que afecta a más de 130.000 barceloneses: la accesibilidad.

El pasado 1 de marzo, la Fundación Disgrup interpuso una denuncia administrativa al Ayuntamiento por el incumplimiento de las leyes de accesibilidad y transporte en la capital catalana. Actualmente, tras haberse sobrepasado los 90 días máximos establecidos para dar respuesta, en el consistorio sigue imperando el silencio, como si de un tema sin importancia se tratara.

PROBLEMÁTICA INFRAVALORADA

En Barcelona, a día de hoy, hay 132.133 personas con algún tipo de discapacidad. O, lo que es lo mismo, un 8,13% de ciudadanos que están sufriendo el incumplimiento de la ley de accesibilidad llevado a cabo por el gobierno de los comuns.

Guillermo Egido es uno de estos afectados. Tras ser diagnosticado de una hemorragia en el tronco cerebral y sufrir hasta siete derrames en el año 2005, lo que le llevó a permanecer ingresado durante un año y medio en el hospital barcelonés de la Vall d'Hebron, sufrió secuelas que le provocaron un 88% de discapacidad.

Al salir del hospital y recorrer las calles de Barcelona en silla de ruedas Egido vivió, en primera persona, los problemas de accesibilidad existentes. Además, algunas asociaciones rechazaron ayudarle alegando tener una dedicación hacia otro tipo de discapacidades.

UNA FUNDACIÓN PARA TODOS LOS DISCAPACITADOS

Esta situación llevó a Egido a crear la Fundación Disgrup en el año 2010, una asociación de ayuda a las personas que sufren una discapacidad intelectual, motriz, visual o auditiva.

Nueve años han pasado desde su primera acción, en la que la Fundación pagó el tratamiento de equinoterapia durante 12 meses a una niña de ocho años. Actualmente, la asociación cuenta con unos 500 socios, pero muchos más se suman a algunas de sus iniciativas.

ANTE LA FISCALÍA

Egido, mediante la Fundación Disgrup, interpuso una denuncia administrativa al Ayuntamiento por incumplimiento de la ley de accesibilidad. Tras ser totalmente ignorados, venciéndose el plazo establecido de 90 días para contestar, el presidente de la asociación optó por personarse en la Ciudad de la Justicia.

Una vez allí, Egido consiguió hablar con un fiscal para que “actúe de oficio”, ya que presuntamente se están “vulnerando derechos humanos” al no respetar la ley de accesibilidad, según explica. Actualmente la Fiscalía se encuentra estudiando el caso.

DIFICULTADES EN LA CIUDAD

El fundador de Disgrup ha explicado a Metrópoli Abierta algunas de las dificultades de accesibilidad con las que se ha encontrado en la capital catalana.

Una de ellas es la cifra de taxis adaptados. Mientras que el mínimo legal está en el 5%, lo cierto es que actualmente el porcentaje no llega al 1%. “En Barcelona debería haber más de 500, pero actualmente hay unos 90”, afirma Egido. Otra de ella es la adaptación de las estaciones de metro. Actualmente hay 15 estaciones pendientes de adaptación, entre las que se encuentran algunas con una alta afluencia de viajeros, como Plaça de Sants, Espanya, Maragall o Verdaguer.

El presidente de Disgrup también tuvo una mala experiencia con el servicio de autobús, del que no pudo hacer uso debido a una avería en la rampa del vehículo. “Fui de fiesta una noche, quería volver a las 2 de la mañana y no había taxis, por lo que me dijeron de ir a la parada de autobús de València-Villarroel. Una vez allí, al llegar el NitBus, no podía subir porque la rampa estaba estropeada”, explica Egido.

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

Si finalmente el caso llega a instancias judiciales y se le diera la razón a Disgrup, podría tratarse de un delito de discriminación tipificado en el Código Penal que supondría, además, una vulneración de los derechos humanos.