Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / EFE

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El pulso de la ciudad

Colau contrata a un asesor (a casi 40.000 € al año) para temas de vivienda no especulativa

El arquitecto Artur Fornés trabaja para el Ayuntamiento desde el año 2019, pero su contrato subió un 35% este año

4 febrero, 2022 00:00

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Año nuevo, sueldo nuevo. Ésa podría ser el refrán idóneo para explicar la curiosa contratación del abogado Artur Fornés Salillas como asesor municipal en temas de vivienda. Fornés ya había tenido relación con el Ayuntamiento de Barcelona a comienzos de 2019, cuando el Institut Municipal de d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) le adjudicó un contrato de 17.875,33 euros para el servicio de “intermediación con los fondos inmobiliarios y con los operadores privados”. Ese mismo año, logró otro contrato de asesoramiento a la gerencia de Vivienda en materia de cohabitación y masovería urbana, por un monto de 29.040 euros.

Ese contrato fue ampliado en el 2020. Un informe redactado el 17 de diciembre de 2020 por Isidre Costa, director de los servicios jurídicos de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento recomendaba renovar el contrato para el año 2021, ya que así lo habían pedido desde el IMHAB debido a la “necesidad de la continuidad del servicio” y la “prestación satisfactoria de éste”. Así pues, el contrato fue renovado por otros 29.040 euros y expiró este mes de enero.

El experto de vivienda Artur Fornés, en un acto / TWITTER ARTUR FORNÉS 

El experto de vivienda Artur Fornés, en un acto / TWITTER ARTUR FORNÉS 

UN TOTAL DE CASI 120.000 EUROS

En esta ocasión, sin embargo, el precio ha subido sustancialmente: el desembolso anual para las arcas públicas será ahora de 39.240,30 euros al año, lo que representa un incremento del 35%. Las bases del contrato prevén que pueda haber hasta dos prórrogas más. Es decir, que la contratación podría estar en vigor hasta finales del 2024, lo que implicaría que el monto total del encargo llegaría hasta casi los 120.000 euros.

La contratación de los servicios de este abogado se debe, según un informe justificativo, de la necesidad de tener “la figura de un especialista de perfil legal con contrastada experiencia, principalmente en los nuevos modelos de vivienda, alquiler, derecho en superficie y masovería urbana, que asuma personalmente el seguimiento y asesoramiento en lo referente al abanico de licitaciones innovadoras de suelo en derecho de superficie  que ya han sido adjudicadas y de promociones delegadas desarrolladas en el marco del convenio del Ayuntamiento de Barcelona con entidades sin ánimo de lucro, así como las promociones desarrolladas por el operador metropolitano de vivienda (HMB)”.

Construcción de una finca para vivienda social en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Construcción de una finca para vivienda social en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BUSCAR NUEVOS MODELOS RESIDENCIALES

En ese mismo informe se explica que esta figura de asesor podría también realizar tareas de interlocutor e intermediario “entre la ciudadanía y entidades con el IMHAB con el objetivo de encontrar sinergias en relación con nuevos proyectos residenciales no especulativos basados en los nuevos modelos de convivencia y tenencia de vivienda”. La intención del consistorio es potenciar nuevos modelos de vivienda, diversificar las líneas de actuación “y promover nuevos operadores para responder al objetivo legalmente establecido en el artículo 73 de la Ley del derecho a la Vivienda de incrementar el parque de viviendas de Barcelona destinado a políticas sociales”.

El informe aludido señala que “en el contexto actual, que todavía arrastra los efectos de la crisis inmobiliaria de 2008, sumada a la situación de emergencia social y económica generada como consecuencia de la pandemia del Covid-19, se agrava la situación de emergencia en vivienda y resulta más urgente que nunca mantener la promoción del mercado social de la vivienda y continuar con la generación y búsqueda de nuevos modelos residenciales”. Esta línea de actuación es uno de los ejes estratégicos del Plan para el Derecho a la Vivienda 2016-2025, basado, conforme explica el informe justificativo de la contratación, en impulsar “el mercado social mediante la promoción del modelo de cooperativas, de vivienda de cesión de uso (cohabitación), de cooperativas de alquiler y fundaciones de alquiler y la masovería urbana”.

Parte de la fachada de la Escocesa, donde cuelgan pancartas contra su desalojo / ARCHIVO METRÓPOLI - EG

Parte de la fachada de la Escocesa, donde cuelgan pancartas contra su desalojo / ARCHIVO METRÓPOLI - EG

 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

Fornés es un experto en el tema de la vivienda, la intermediación y buen conocedor del sector de la cooperativa. De hecho, había llevado pleitos en nombre de este tipo de sociedades. La externalización de este servicio no es una excepción en el IMHAB: para el apoyo para el desarrollo y preparación de las licitaciones públicas del departamento de Gestión de Comunidades, Locales y Aparcamientos, el IMHAB contrató a mediados de 2021 a la firma Projects & Facilities Management por 17.908 euros. El contrato finalizará el 29 de junio próximo. Esta misma firma fue contratada por 18.101 euros en el 2020 para la “asistencia técnica y asesoramiento en la definición de los servicios comunitarios y su definición”. Para valorar la posible implantación de viviendas en la nave Klein, en el recinto fabril La Escocesa, contrató al despacho de arquitectos Roldán Berengué Arquitectes, a los que pagó 18.029 euros. Este informe se realizó entre el 9 de junio y el 8 de agosto del año pasado.

La cooperativa Celobert Arquitectura Enginyeria i Urbanisme se vio beneficiada también por un contrato (que acaba de expirar este mes de enero) para la “dinamización parcial del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB)”. El desembolso fue de 17.908 euros. Para el servicio de asesoramiento con el fin de redactar el proyecto estatal de la Ley de Vivienda, contrató por 12.414,60 euros a Elga Molina Roig, responsable de la Oficina de Vivienda del Consell Comarcal del Tarragonès y experta en la materia, que atesora una dilatada carrera relacionada con trabajos en el campo de la vivienda y que compareció en el Parlament como experta durante la proposición de ley de medidas urgentes para la vivienda en 2015. En enero de 2020, Molina fue contratada también por 14.897 euros para asesorar “en la adopción de una norma, en el ámbito autonómico, de contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda con efectos en la ciudad de Barcelona”.