La empresa municipal Cementiris de Barcelona, que preside el concejal Eloi Badia, desahuciará 1.000 sepulturas del camposanto de Montjuïc. La recuperación de los nichos por parte de la administración pública es por impago. Hace tres años, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ya emitió una resolución sobre estos procedimientos. Pidió que tuvieran más garantías para las familias y consiguió que se introdujeran varias mejoras en la Ordenanza de Cementiris que se aprobó a finales de 2017.

El desahucio figura en dos documentos públicos de la Gaseta Municipal, el boletín oficial del Ayuntamiento de Barcelona. En ellos, el consistorio informa que declarará la caducidad del derecho funerario, en este caso la titularidad de la sepultura. Según el Ayuntamiento, en estos 1.000 nichos, en los últimos 20 años, no se ha producido ningún pago de "los derechos de conservación". Este hecho vulnera los artículos 69 y 70 de la normativa municipal sobre los camposantos.

30 DÍAS PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN

Cementiris de Barcelona publica dos listas, una el 18 de junio y otra el 19 de junio, con el nombre las personas que tenían la titularidad de los nichos, y da a los "herederos, poseedores o a aquellos a quienes corresponda la titularidad" 30 días "improrrogables" para que regularicen la situación. Para ello, los afectados deberán acudir a las oficinas la empresa municipal para hacer el pago. En caso de que no sea así, la sepultura se considerará abandonada y Cementiris recuperará la titularidad.

La actuación del Ayuntamiento está ajustada totalmente a derecho. Según el artículo 69 de la Ordenanza de Cementiris, la caducidad de una sepultura se podrá declarar, entre otros casos, por el "abandono" de ella si han transcurrido 20 años desde el último pago de los derechos de conservación. Antes de vaciar los nichos, Cementiris está obligado a hacer todos los esfuerzos para encontrar a los familiares de los difuntos. La lista es la de las personas que no se ha conseguido localizar. Además, antes de ejecutar el desahucio, habrá que publicar sus nombres en diarios de gran tirada de la ciudad, apuntan desde el sector funerario y el Ayuntamiento.

LA NORMATIVA PREVÉ ALEGACIONES

A finales de 2017, la sindica consiguió introducir en la ordenanza que se utilizara para localizar a los familiares el padrón municipal para que la comunicación fuera efectiva. La normativa también prevé que los afectados puedan tener 30 días, desde el inicio del expediente de caducidad, para presentar alegaciones, aunque en los documentos publicados ahora en la Gaseta no figura esta posibilidad. En el caso de que las alegaciones no sean estimadas, las familias incluso podrán disponer de otros 15 días para regularizar el pago, dice el artículo 70 de la normativa municipal.

A LA FOSA COMÚN

Tras vaciar los nichos, los restos acabarán tarde o temprano en la fosa común y ya no se podrán recuperar. Sin embargo, una instrucción interna de Cementiris indica que, si la sepultura se encuentra en buen estado, los restos de los fallecidos permanecerán un año más en el mismo nicho por si algún familiar los reclama, y si la estructura está malas condiciones, los restos se dejarán en un sudario o caja perfectamente identificada durante un año. Esta directriz no está incorporada en la Ordenanza y, por tanto, no es de obligado cumplimiento. El departamento de prensa del Ayuntamiento indica que una vez desahuciada la sepultura, los restos van al "osario general" del cementerio.

Fuentes municipales recuerdan que las sepulturas son "bienes de dominio público" y que el Ayuntamiento las puede recuperar si hay un evidente incumplimiento de la ordenanza. Al respecto, explican que el Ayuntamiento está inmerso en un plan de inversiones para mejorar el mantenimiento de los camposantos de la ciudad, abandonados durante años, para evitar que se produzcan otros hundimientos, como el ocurrido en Montjuïc en septiembre de 2017. Las obras en el cementerio de Montjuïc obligarán a rehabilitar bloques enteros y se necesitan muchas sepulturas libres para reubicar los restos de las nichos que se reformarán. Las inversiones rondarán los 20 millones de euros.  

Desde el departamento de prensa municipal se añade que "la caducidad de las sepulturas es un procedimiento tasado que reúne todas las garantías del procedimiento administrativo. La caducidad tiene por objeto posibilitar que el titular de un derecho concesional deje de tenerlo al no satisfacer las obligaciones vinculadas, y es un mecanismo que asegura la continuidad de la dinámica de los servicios de cementerios garantizando la disponibilidad de nichos". 

RESOLUCIÓN DE LA SÍNDICA

En junio de 2017, la síndica hizo pública una resolución en la que criticaba que a una familia se le había vaciado el nicho por impago a pesar de que ésta no había recibido la correspondiente notificación municipal. Vilà consideró que el proceso de desahucio de una sepultura tenía que ser más garantista con los ciudadanos por los daños morales que supone el traslado de los restos de un ser querido a la fosa común, de la que ya no se pueden recuperar.

La queja se había presentado en noviembre de 2016, poco después de que un vecino acudiera al cementerio de Collserola por Todos los Santos y se encontrara el nicho vacío. Según Cementiris, el impago se remontaba a 2011. La familia reconoció la existencia de la deuda, pero aseguró que no era consciente de ella. Había hecho un cambio de entidad financiera y el nuevo banco no había domiciliado los recibos de Cementiris. La empresa municipal intentó notificar el impago en el domicilio de estas personas, pero éstas aseguraron a la síndica que no la recibieron. Cementiris cumplió con lo que decía la normativa en aquel momento, pero la síndica alertó de la necesidad de aplicar con cautela el procedimiento administrativo.

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