Un guardia urbano en el centro de emergencias de Barcelona.
Un guardia urbano en el centro de emergencias de Barcelona.

Los cánceres del centro de emergencias de Barcelona, relacionados con el gas radón

El sindicato CSIF forzó una inspección, pero la falta de una normativa española sobre la sustancia impidió llevar a cabo las mediciones

Jordi Subirana
Periodista de Metrópoli Abierta

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) relaciona los altos índices de cánceres que sufren los trabajadores del centro de emergencias de Barcelona con una posible exposición al gas radón, un gas radiactivo de origen natural que se concentra en el interior de las viviendas, lugares de trabajo y escuelas y es la segunda causa del cáncer de pulmón tras el tabaco. El sindicato CSIF también relaciona las enfermedades con las radiaciones, los campos electromagnéticos y las condiciones de la sala, "un zulo sin ventilación", según explicó el coordinador de bomberos de CCOO en el Ayuntamiento, Pere Martínez.

Desde la puesta en marcha del servicio, a mediados de 2005, se han detectado 26 casos de cáncer entre los trabajadores del edificio, situado en la calle de Lleida, 28, en el distrito de Sants-Montjuïc. Los empleados del centro son agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana, bomberos del Ayuntamiento y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El secretario general del sindicato policial SAPOL, Manel García, detalla que a los 26 casos confirmados, se puede sumar otro de una persona a la que están realizando exámenes médicos, aunque las pruebas realizadas hasta ahora no invitan al optimismo. Nueve de los cánceres son de próstata.

ESPAÑA, FUERA DE NORMATIVA

CSIF elevó una denuncia a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Cataluña, que visitó el centro de emergencias el año pasado. En el documento oficial al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, fechado el 15 de octubre de 2018, queda claro que el Gobierno español no ha adaptado su normativa a la directiva europea que establece "las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes". El plazo para adaptarse a esta regulación acabó el 8 de febrero sin que el Gobierno español lo hubiera hecho en el momento de redactar el informe, es decir que el ejecutivo ha incumplido esta "obligación" y España carece de normativa reguladora.

Ante la inexistencia de una normativa que obligue a las empresas a llevar a cabo los controles, y pese a las peticiones de CSIF, las mediciones para comprobar el nivel de exposición de los trabajadores del centro de emergencias al gas radón no se llevaron a cabo, dice el informe de la Inspección de Trabajo, que añade: "Los estudios existentes parecen indicar que la exposición al gas radón tienen una incidencia más elevada en el cáncer de pulmón y el periodo de latencia de la enfermedad es de unos 20 años".

CUATRO EMPLAZAMIENTOS PROPUESTOS

Los sindicatos llevan años reclamando un cambio de ubicación del centro de emergencias, en el que diariamente trabajan unas 80 personas durante las 24 horas del día, sin que hasta ahora los distintos gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona hayan sido capaces de concretar un nuevo emplazamiento. García recuerda que se han llegado a estudiar cuatro espacios distintos. Entre los espacios propuestos figuran un solar en Diagonal con Glòries, el viejo edificio de los juzgados que se derribó en el paseo de Lluís Companys, un inmueble municipal junto a la hípica de Montjuïc y el Palau d'Esports. El edificio actual es propiedad de Fira de Barcelona y está alquilado a medias por la Generalitat y el consistorio.

Previamente a la citada Inspección de Trabajo, el mismo organismo público había visitado las instalaciones de los servicios de emergencia en 2016 para comprobar el nivel de exposición de los empleados a los campos electromagnéticos. Las evaluaciones realizadas concluyeron que "en el Centro de Gestión de Emergencias no se superan los valores límites de referencia". También añadía que los informes médicos valoraban "como muy poco probable que la causa de los cánceres detectados entre los trabajadores tengan origen en la exposición a campos electromagnéticos".

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