Las Cámaras de la Propiedad piden echar a los okupas sin órdenes judiciales

La Cámara de la Propiedad de Barcelona, junto al resto de cámaras catalanas, pide al fiscal en jefe de Cataluña que permita los desalojos de okupas en domicilios de primera o segunda residencia sin necesidad de una orden judicial. Las entidades buscan atajar los largos procesos judiciales en los que se ven envueltos los particulares cuando intentan expulsar a los ocupantes. El objetivo de estos órganos es que la policía pueda echar “de manera inmediata” a los invasores en los casos de las ocupaciones que son delito, es decir, en las que se usa la violencia para entrar en la vivienda, y que arreste a los responsables.

El gerente de la Cámara de la Propiedad de Barcelona, Òscar Gorgues, apunta a la necesidad de regular estas situaciones para proteger el derecho de los particulares. “En la medida en que se da legitimidad a los okupas, los propietarios quedan desprotegidos”, señala. Las cámaras dejan de lado aquellos casos de personas que ocupan pisos vacíos o desocupados, cuya titularidad generalmente recae en los bancos. Sí quieren desalojar a los okupas de viviendas de segunda residencia en el que el titular solo vive en algunas épocas del año. Valoran que estas casas deben considerarse también como domicilio y que deben gozar de la misma protección legal que la vivienda habitual.

EL MODELO DE BALEARES

Las cámaras catalanas toman como referencia una instrucción del Fiscal de las Islas Baleares en la que diferencia varios tipos de ocupación. La naturaleza de la comunidad balear –potente destino turístico– propicia las ocupaciones en algunas de las numerosas viviendas de segunda residencia repartidas por las islas. En estos casos, el fiscal entiende que los ocupantes cometen un delito y que se les debe desalojar y arrestar. También contempla lo mismo en la ocupación ilegal de viviendas habitadas por el titular y en un domicilio de una persona jurídica o un establecimiento aunque, en este último, sin detención.

Las entidades piden un protocolo similar en Cataluña para evitar el gasto de tiempo y dinero de los propietarios que deben luchar en los tribunales para recuperar sus domicilios. También denuncian que los okupas “suelen presentar en el juzgado cualquier tipo de título o contrato falso que ralentiza el procedimiento”.

JUZGADOS COLAPSADOS

Manuel Sosa, secretario del Consell General de Cambres de Propietat de Catalunya, señala también el "colapso" de los “juzgados” que provoca que los casos se alarguen. Sosa detalla que estos casos han provocado la aparición de empresas privadas que, aprovechándose de la situación, se lucran echando a los ocupantes mediante estrategias de intimidación. “Es una quiebra del estado de derecho”, resume.