El Ayuntamiento de Barcelona perseguirá y sancionará el moobing inmobilario. La intención del gobierno de Ada Colau es multar, entre otros casos, el acoso que puedan llegar a cabo los grandes tenedores o fondos de inversión que son propietarios de edificios en la ciudad y quieran echar a los inquilinos.

Para llevar a cabo este cometido, el ejecutivo municipal desplegará en Barcelona loa artículos de la Ley de derecho a la vivienda de Catalunya de 2007 para actuar por vía administrativa. Según el teniente de alcalde, Jaume Asens, las multas pueden oscilar entre los 90.000 y los 900.000 euros. Aunque la ley tiene 11 años, la ley no se está aplicando todavía en la ciudad. Asens asegura que hace un año se pidió un informe a los servicios jurídicos municipales para disponer del aval para poder actuar.

70 BLOQUES DE FONDOS DE INVERSIÓN

Actualmente, en Barcelona hay 70 bloques que han sido comprados por fondos de inversión. El Ayuntamiento ha recibido hasta ahora 10 denuncias por acoso inmobiliario. Por ahora se están investigando cuatro inmuebles, y en otro, situado en la calle del Carme, se ha iniciado un proceso sancionador. El año pasado, Metrópoli Abierta ya explicó el caso del presunto acoso que sufrían unos vecinos de la calle de Roger de Flor.

Uno de los vecinos de la finca de la calle del Carme, Pau Berjoan, ha explicado que fue comprada por una socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), propiedad de BMB Investment Management, que ha provocado la degradación progresiva del edificio. Según Berjoan, en el inmueble entran personas a drogarse y ladrones.

El anuncio de la persecución de los casos de moobing ha coincidido con la presentación este mismo martes, por parte del Sindicat de Llogaters, la PAH Barcelona y el Observatori Desc, de un modelo de documento administrativo genérico para denunciar ante los ayuntamientos casos de acoso inmobiliario.