La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha enviado una carta a la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, para pedirle que suspenda un desahucio con fecha abierta dictado contra una familia con seis menores a su cargo, a la que el consistorio le está buscando una solución.

En la carta, la concejal hace saber a la juez que el ayuntamiento está mediando y negociando con la propiedad del inmueble para intentar pactar un pago de cuotas de alquiler hasta conseguir un piso social para la familia "o cualquier otra duración que podamos acordar con la propiedad".

DESAHUCIO CON FECHA ABIERTA

El desahucio ha sido ordenado judicialmente con fecha abierta a partir del 15 de marzo y afecta a una familia de ocho personas, seis de ellas menores, que viven en el distrito de Sants-Montjuïc, y que, según la concejal, "está vinculada y acompañada por diferentes servicios municipales desde 2018, incluyendo los servicios sociales y de vivienda", que están mediando con la propiedad.

En el caso concreto de esta familia, el Ayuntamiento informa a la juez decana de que el propietario se ha negado a ofrecer un alquiler social a la familia como contempla la ley 24/2015 incluso habiéndose ofrecido el consistorio para pagar este alquiler social hasta poderles garantizar un realojamiento estable.

SEIS MENORES

En la carta, que lleva fecha 10 de marzo, la concejal explica que "hasta hoy, el acuerdo con la propiedad no ha sido posible" y que la familia está tramitando el acceso a la Mesa de Emergencias del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, formado por el Ayuntamiento y la Generalitat para poderles conseguir una vivienda pública de alquiler social​.

"Nuestra preocupación es que, aún tratándose de un caso que cumple con los requisitos para acogerse a la moratoria estatal definida en el Real Decreto Ley 27/2020, a día de hoy el desahucio no está suspendido y se trata de un caso de ocupación sin título habilitante, de una familia en situación de vulnerabilidad, sin alternativa habitacional estable que vive en una vivienda propiedad de un gran tenedor", según Martín.

La concejal afirma que el propietario de la vivienda tiene más de diez en propiedad, por lo que debe ser considerado "gran tenedor" y por lo tanto se le debe aplicar la moratoria, que la juez que lleva el caso ha denegado.

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