Un sentencia judicial del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona dice que el Ayuntamiento de Barcelona "ha vulnerado la libertad sindical". El 19 de diciembre de 2019, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) interpuso un recurso por haber sido excluido de la mesa de negociación para la aprobación del tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el consistorio. Ahora, la justicia ha dado la razón al sindicato.

El pasado 7 de septiembre, la magistrada, Ramona Guitart, "ha declarado la nulidad de la actuación administrativa impugnada por ser contraria a Derecho, por entender que se ha vulnerado el derecho fundamental del sindicato recurrente a la libertad sindical", dice el fallo judicial al que ha tenido acceso en exclusiva Metrópoli Abierta. La sentencia condena al Ayuntamiento de Barcelona a "constituir una nueva mesa negociadora" y a la que se debe convocar a CSIF para "la participación y negociación del tercer plan de igualdad", apunta la jueza.

POSIBLE RECURSO DE APELACIÓN

En conversación con Metrópoli Abierta, el secretario de Organización de CSIF y agente de la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano, dice que el sindicato va a pedir la ejecución de la sentencia y que estudiará si presenta una denuncia por prevaricación. En el fallo, la magistrada indica que el Ayuntamiento puede interponer un "recurso de apelación". El texto judicial también rechaza "la declaración de inadmisibilidad del presente recurso jurisdiccional al no apreciar extemporaneidad en su interposición".

El contencioso presentado por CSIF es contra el Ayuntamiento de Barcelona y aparecen como partes codemandadas los sindicatos CCOO, UGT, CGT, SAPOL y INTERSINDICAL CSC. La parte demandante pidió la "nulidad" del plan de igualdad "por no haber seguido los requisitos legales formales para su aprobación". Según Zambrano, se ha vulnerado un "derecho fundamental" protegido por la Constitución. 

PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

CSIF tiene varios frentes judiciales contra el Ayuntamiento de Barcelona y algunos de sus altos cargos, entre ellos la alcaldesa Ada Colau, con la que mantiene una guerra abierta desde que ostenta la vara de mando de la ciudad. El pasado mes de junio, este medio se hizo eco de una denuncia que el sindicato presentó contra Colau y el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, por un presunto delito de prevaricación en el nombramiento del máximo responsable del cuerpo policial.

Además, la alcaldesa de Barcelona fue denunciada, a finales de abril, ante Fiscalía y el Juzgado de Instrucción por la gestión de la crisis del coronavirus en el cuerpo de la Guardia Urbana. La denuncia la firmaron Zambrano y Horacio López, ambos funcionarios del Ayuntamiento. El sindicato cree que Colau y otros seis cargos municipales podrían haber cometido un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de lesiones.

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