La Fundación Pere Tarrés percibió durante el último año 1.651.650 euros por poner a disposición del Institut Municipal de Servicios Sociales (IMSS) su albergue ubicado en la calle Numancia, cerca de Illa Diagonal. El 1 de abril del año pasado, los responsables municipales comenzaron a contratar el albergue para derivar hacia él a sus usuarios. Se trataba del alquiler de un mínimo de 75 plazas en régimen de pensión completa, que costaban al erario público un total de 40 euros por día y plaza los tres primeros meses y 50 euros por día los meses de verano. En total, los cinco primeros meses se produjo una contratación de urgencia con motivo del decreto del estado de alarma por un total de 604.395 euros.

Esa dinámica siguió los meses siguientes y se ha revalidado a finales de este mes de enero: el 30 de octubre, el Ayuntamiento firmó otro contrato por el mismo objeto (alojamiento y alimentación) y por otros 604.395 euros. Adicionalmente, contrató plazas adicionales; el 27 de noviembre otorgó otro contrato a la fundación por 221.430 euros, operación que se repitió el pasado 28 de enero, en que se firmó otro contrato por otros 221.430 euros. Todas esas cantidades suman la cifra citada de más de 1,6 millones de euros. El área de Derechos Sociales municipal cuelga de la teniente de alcaldía Laura Pérez.

Ada Colau, Janet Sanz y Laura Pérez (izquierda), responsable del Ayuntamiento del área de Derechos Sociales / CG
Ada Colau, Janet Sanz (centro) y Laura Pérez (derecha), responsable del Ayuntamiento del área de Derechos Sociales / CG

EL SERVICIO DE ATENCIÓN, APARTE

El albergue Pere Tarrés, que está abierto las 24 horas, tiene 320 camas (en habitaciones de 2 y 8 plazas), con bar restaurante, zona de ocio, salas de reuniones, cocina para alberguistas, lavandería y taquillas individuales en las habitaciones. Todas las habitaciones tienen baño centro y dispone de 16 habitaciones con baño adaptado.

Paralelamente, el servicio a los usuarios desviados al albergue era facturado aparte. Para ello, el Ayuntamiento contrató a la Asociación Bienestar y Descanso (ABD). El 27 de noviembre pasado, ABD firmó cuatro contratos de emergencia por un monto de 169.599 euros cada uno, mientras que el pasado 28 de enero de 2021 volvió a firmar otro por un monto total de 339.198 euros. Estas cantidades suponen 1.017.594 euros adicionales por el servicio de atención en el albergue. Paralelamente, el consistorio destinó 20.449 euros más a sustituir todos los colchones del albergue.

UNA ORDEN VERBAL

Un informe técnico realizado en el mes de octubre pasado justificaba estos contratos por la situación sanitaria, ya que con un elevado número de contagios, se han de adoptar “medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico”. El documento, firmado por Montserrat Rovira, jefa del departamento de los Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención en el Espacio Público, y por Eladi Torres, director ejecutivo de Gestión de Recursos y Provisión de Servicios y Calidad,  dispone que todas las entidades del Ayuntamiento de Barcelona deben dotarse de “determinados bienes y servicios que garanticen una rápida respuesta a las diferentes necesidades higiénicas, sanitarias y de logística para contener este brote aunque no se haya declarado un nuevo estado de alarma”.

Por ese motivo, el 23 de julio del año pasado, la gerente municipal, Sara Berbel, dictó una instrucción dando luz verde a la contratación de emergencia para la contención del brote epidémico pese a que había finalizado ya el estado de alarma. En realidad, la urgencia fue tan dramática que el primer contrato se formalizó en octubre pasado, aunque la Fundación Pere Tarrés había recibido la orden verbal el 1 de abril para cerrar la contratación del albergue. Así lo dejó escrito en un documento la gerente del IMSS, Laia Calverol, el 7 de octubre pasado, liquidando el servicio que la fundación había proporcionado durante los meses anteriores, bajo la vigencia del decreto de alarma.

SIN TIEMPO PARA TRAMITAR UN EXPEDIENTE

Este informe explica que “es imposible la obtención de bienes o servicios a través del procedimiento negociado por imperiosa urgencia o resto de procedimientos, ya que la rápida y masiva propagación del Covid 19 ha causado una crisis sanitaria, económica y social que impide una planificación rápida y eficaz para hacer frente a las necesidades que surgen en el día a día, suponiendo una demora en la atención de necesidades perentorias de la ciudadanía”.

Así, el Ayuntamiento contrató el albergue de la Fundación Pere Tarrés “para dar alojamiento en régimen de pensión completa a personas derivadas desde el IMSS”. Además, señala el documento que “se desarrollará un programa de atención a las personas en colaboración con la entidad ABD”. Esta asociación es la Asociación Bienestar y Descanso, que gestiona los servicios de atención las 24 horas en el albergue de la Pere Tarrés.

Protesta en Sant Jaume contra el caso de acoso sexual en Parques y Jardines / MA - DAVID GORMAN
Protesta en Sant Jaume contra el caso de acoso sexual en Parques y Jardines / MA - DAVID GORMAN

OTROS CONTRATOS

La Fundación Pere Tarrés también obtuvo otros contratos el pasado ejercicio: en el mes de septiembre pasado, logró un contrato de 447.261 euros para gestionar los casales de Bascònia y Trinitat Vella. Además, según un documento del departamento de Recursos Internos del Distrito de Sant Martí, se llevó también el último trimestre del año pasado un contrato de 531.556 euros por el “servicio de prevención y convivencia en el espacio público y en comunidades de vecinos de la franja del Besòs del distrito de Sant Martí”.

Curiosamente, en julio del año 2019 se llevó otro contrato por el servicio de mediación para la resolución de conflictos en Parques y Jardines. Apenas tres meses después, comenzó a incubarse en esa entidad pública el conflicto del acoso sexual y laboral de un jefe de brigada de Nou Barris, Jesús P., hacia dos trabajadoras, que a la postre estuvieron ocho meses de baja psicológica. El acosador, tras ser obligado a realizar un cursillo de febrero a noviembre de 2020, fue reincorporado como responsable territorial de Parques y Jardines, a pesar de que en diciembre de 2020 fue condenado por un juez por el acoso a las dos empleadas. Con motivo del pleno municipal de este viernes, varias decenas de trabajadores municipales se manifestaron en la plaza de Sant Miquel pidiendo la dimisión o el cese del concejal responsable de la empresa municipal, Eloi Badia.

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