Ante los abusos que cometen en la sombra de las facturas las compañías energéticas, el Ayuntamiento de Barcelona quiere informar a los ciudadanos sobre sus derechos y defenderlos. Con esta idea se ha impulsado la creación de 10 nuevas oficinas desde donde asesorar a los vecinos sobre qué deberían pagar, cómo podrían ajustar sus cuotas o ayudarles a presentar denuncia ante la posible vulneración de sus derechos. La medida tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros.

El servicio está en marcha desde el pasado 20 de enero de forma oficial, aunque el año pasado ya se llevaron a cabo cuatro pruebas piloto. Además, la iniciativa cuenta con otro pilar fundamental: la ocupación de personas que estaban en el paro desde hacía tiempo. En la prueba piloto ya se emplearon de forma estable a 30 personas formadas como agentes energéticos y ahora se espera abrir nuevos planes de ocupación y formación para incorporarlos a la plantilla, tal como ha explicado la teniente de alcalde, Laia Ortiz.

“La voluntad del Ayuntamiento de Barcelona es la de defender los derechos energéticos de sus ciudadanos y ciudadanas” ha asegurado Ortiz. Unos derechos que se verían vulnerados ante “los abusos constantes de las compañías eléctricas” y a los cuales Ortiz quiere hacer frente con la aplicación de la ley 24/2015. “Tenemos una legislación que permite proteger de cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad y que permite a la administración sancionar si se vulnera”.

Para que la ley se pueda aplicar, “necesitamos que la gente conozca y reconozca sus derechos”, ha recordado la teniente de alcalde. Además, los puntos de asesoramiento también tienen la intención de servir para ajustar los servicios contratados a las necesidades reales de las familias. Potencias, hábitos de consumo energético... todo un servicio integral para que los barceloneses puedan apreciar una factura más ajustada a su consumo real.

Laia Ortiz espera que este paso sea útil, aunque sitúa la raíz del problema en la legislación española. Incluso considera insuficiente el Real Decreto aprobado el martes en el Congreso de los Diputados por el PP y el PSOE: “El decreto excluye a una mayoría de la población que está en situación de vulnerabilidad”. “De hecho, hemos detectado que solo el 17% de personas en situación de riesgo tenía el bono social y solo el 33% lo conocían”, ha detallado.

Para acabar con esta falta de información, la campaña estará reforzada con un servicio puerta a puerta en el distrito de Nou Barris y así estudiar los casos desde una mayor proximidad. Con los meses, será Sant Andreu el siguiente distrito que acoja esta medida una vez forme a sus nuevos agentes energéticos.

Que el programa puerta a puerta no se vaya a llevar a cabo en el resto de barrios no significa que sus vecinos no puedan dirigirse a ninguno de los puntos de asesoramiento. De hecho, estos espacios ciudadanos ya están abiertos en el Centre Cívic Zona Nord de Nou Barris, en el Casal de Barri de Verdum, en la Oficina Municipal d'Informació al Cosumidor de Ciutat Vella, al Espai Llobregós de Horta-Guinardó y en las oficinas d'Habitatge del Eixample, Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia, les Corts o Sants. En ninguno de ellos se requiere cita previa.