El relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento, el portugués Léo Heller, ha asegurado este lunes que el “derecho al agua no el incluye el tipo de gestión”. En el marco del VI Foro de la Economía del Agua, Heller se ha desmarcado de los debates surgidos en muchas ciudades como Barcelona sobre la remunicipalización de servicios básicos y ha asegurado que el marco de los derechos humanos “no tiene preferencias” por una gestión pública o privada porque “piensa en los resultados” y en los medios que se necesitan para conseguirlos.

En su opinión, lo realmente importante cuando se habla de la gestión del agua es que “haya un modelo regulatorio sólido” que permita controlar a los operadores y asegurar que se da un servicio de calidad y a precios asequibles. “Es un tema muy controvertido, también en España”, país al que ha felicitado por su “papel fundamental en la promoción de los derechos al agua y al saneamiento”. El relator especial ha señalado que el agua “es un bien vital que debe ser regulado para garantizar el interés general”.

EL PAPEL DE LA EMPRESA PRIVADA

Heller ha explicado que para lograr que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sean una realidad en 2030 harán falta “todos los recursos disponibles”, incluido el capital privado. Sus declaraciones están en la línea de las realizadas en 2015 por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pidió al sector privado que asumiera su parte de responsabilidad en la consecución de los ODS. “Ahora es el momento de movilizar como nunca a la comunidad empresarial mundial”, dijo durante la presentación de los objetivos.

El relator especial de Naciones Unidas sí ha reconocido que las preocupaciones que existen en torno a la gestión del agua son “legítimas” y ha recordado que algunos procesos de privatización “han sido nefastos”, pero lo ha circunscrito a países en vías de desarrollo. Como el principal objetivo del sector privado son los beneficios, ha dicho, “en situaciones con una regulación débil o inexistente existe el riesgo de que los derechos humanos son sean tenidos en cuenta”, como la accesibilidad en zonas rurales o la prestación del servicio a precios asequibles. 

Sin embargo, Heller ha aclarado que estas malas experiencias del sector privado no dan una legitimidad adicional a la prestación pública del servicio de agua. “Hay que tener mucho cuidado cuando uno se decanta por un modelo u otro porque también hay muchos operadores públicos que no cumplen su misión” y cometen muchos fallos. De esta forma, el relator ha evitado tomar partido por ninguno de los dos modelos y se ha limitado a reiterar que el derecho al agua pasa por garantizar que el acceso al agua “sea universal, equitativo y a un precio asequible”.

UN LARGO CAMINO POR RECORRER

El derecho al agua es uno de los derechos humanos más recientes (su catalogación oficial como tal no fue hasta 2010) y, por lo tanto todavía tiene un largo camino por recorrer hasta que esté garantizado. “El 91% de la población mundial tiene acceso a agua potable, pero ¿en qué condiciones?”, ha cuestionado Heller. Un análisis más detallado de las cifras refleja que 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable en casa, por lo que es importante saber valorar bien las estadísticas.

“El nivel de ambición de los ODS es demasiado bajo y hay muchas desigualdades” entre clases sociales o zonas urbanas y rurales, ha denunciado. “A los que trabajamos con derechos humanos no nos gustan los promedios porque esconden desigualdades”. Y ha puesto el ejemplo de Kazajstán, país en el que, según la estadística, está en la media mundial de acceso al agua, pero las clases más ricas están al mismo nivel que los países europeos, por ejemplo, y la población pobre de las zonas rurales están peor que los países subsaharianos, que son los que cierran todas las clasificaciones. 

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