Iris Márquez es vecina de del barrio de Ciutat Meridiana, en Nou Barris. En 2013, ocupó un piso “por necesidad”, donde todavía vive. Tiene pareja, una hija de ocho años y otro hijo en camino. Ella está en el paro y su marido, autónomo, gana más bien poco.

El piso que ocupó se encuentra en la calle de Perafita. Cuando entró a vivir en él, la vivienda era propiedad de un banco. En Ciutat Meridiana, uno de los barrios más pobres de la ciudad, abundan los pisos de entidades financieras que han acabado siendo ocupados por familias con menores. Es, quizá, una de las zonas de Barcelona donde el drama de la vivienda se hace más evidente.

Ahora, asegura Márquez, el piso es propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda. El Ayuntamiento lo compró al banco, y la familia lleva un año y medio en trámites para formalizar un alquiler social, pero el contrato todavía no se ha oficializado.

En 2015, el banco inició los trámites para desahuciar a Márquez, y aunque, la casa ya es de titularidad municipal, el proceso de desahucio no se ha detenido. “A mediados de octubre vinieron los Mossos, nos identificaron y nos notificaron que nos teníamos que ir en una semana. No entiendo como hay esta descoordinación”, explica la vecina con nerviosismo.

CARTA DEL PATRONATO A LOS AFECTADOS

El Ayuntamiento es consciente de esta problemática y ha tomado cartas en el asunto. Metrópoli Abierta ha tenido acceso a un documento --firmado por el Director de los Servicios Jurídicos y Patrimoniales del Patronato Municipal de la Vivienda, Isidre Costa-- que se ha enviado a diferentes vecinos afectados.

 

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El presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, junto a Iris Márquez (fondo) y Cristina García / J S

En el texto, el Ayuntamiento busca tranquilizar a estas personas amenazadas por un desahucio. Aunque la entidad financiera, propiedad de la vivienda, “no ha parado los procedimientos judiciales”, el hecho “de que el banco ha cedido las viviendas al Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de la Vivienda" garantiza que "en ningún caso los procedimientos judiciales iniciados por el banco acabarán en un lanzamiento”, escribe Costa.

El consistorio añade en la carta que se “procederá a la regularización” de la situación, “mediante un contrato de alquiler, de todas las familias que reúnan los requisitos necesarios”.

La asociación de vecinos de Ciutat Meridiana ha tenido conocimiento de cinco casos en total parecidos al de Iris. La situación más grave es el de una vecina que ya tenía el contrato de alquiler firmado y había pagado el primer mes, pero le acabó llegando la orden de desahucio, "en este caso por un error de su abogado", dice el presidente de la asociación, Filiberto Bravo.

250 PISOS CEDIDOS POR LOS BANCOS

Fuentes municipales explican que de los 250 pisos sociales cedidos por bancos al Ayuntamiento, en la mitad había gente viviendo en situación precaria. Se trataba de personas que habían ocupado el piso o habían dejado de pagar la hipoteca, lo que se traduce en que en estos 125 pisos se podrían estar dando o se ha dado una situación parecida a la de Iris, aunque el consistorio no lo confirma.

Estos vecinos están viviendo esta situación porque los anteriores titulares de los inmuebles, las entidades finacieras, no han retirado las denuncias, al menos no todas, indican desde el Ayuntamiento. Los procesos de desahucio se tenían que haber parado cuando los pisos pasaron a manos municipales en 2015, "porque así lo establecía el convenio firmado", pero no ha sido así. La intención del municipio es regularizar la situación de estas personas mediante un contrato de alquiler social.

ATAQUE DE ANSIEDAD

Hace unas tres semanas, distintos vecinos, muy angustiados, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y le informaron que estaban recibiendo las notificaciones de desahucio. Ante esta situación, el consistorio se ha puesto de nuevo en contacto con las entidades financieras para pedir que retiren las denuncias. Fuentes municipales reiteran que tienen que ser los bancos quienes se dirijan a los juzgados para detener los procesos de desahucio, pero garantizan que ninguno se llevará a cabo. 

Procesos judiciales al margen, la realidad de la calle es otra. El presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana explica que vivió en su propia piel la visita de los Mossos a una vecina de la calle de les Agudes. "La mujer ocupa un piso cedido por la Sareb al Ayuntamiento. Está en trámites para formalizar un contrato de alquiler social y, en las últimas semanas, ha recibido dos veces la visita de los Mossos informándole de que se tiene que ir o que irán los antidisturbios a echarla cuando tengan la orden judicial".

"En la segunda ocasión estaba presente --asegura Fliberto Bravo--. La vecina acabó tirada en el suelo, con un ataque de ansiedad. Y tuvimos que acabar llamando a los servicios de emergencia para que recibira asistencia médica".

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