Tras el fracaso del proyecto de crear una funeraria pública, el gobierno de Ada Colau ha enterrado el hacha de guerra y ha llegado a un acuerdo con Mémora y Áltima sobre los entierros gratuitos de la ciudad.

El acuerdo contempla que las personas que no puedan asumir el coste del servicio funerario lo tendrán bonificado. Hasta ahora, eran las propias empresas las que se encargaban de asumir los costes dentro de su política de beneficencia. El cambio prevé que se regulen estos casos para establecer unas condiciones claras de qué personas podían acceder a estos precios reducidos.

Así, las empresas seguirán asumiendo el coste de los servicios que se ofrecerán gratuitamente o bonificados e informarán de la existencia de estas prestaciones a partir de la entrada en vigor del decreto, prevista para las próximas semanas.

El criterio para decidir que personas tienen acceso a estas prestaciones se establecerá en función del Indicador de Renta Suficiente de Catalunya (IRSC) y con un informe de Servicios Sociales que acredite que no se disponen de recursos.

De esta manera, las personas que tengan un IRSC igual o inferior a 0,66 dispondrán de asesoramiento, recogida del difunto, un féretro, la adecuación del cadáver y su traslado al cementerio o crematorio dentro de la ciudad. Entre 0,66 y 1 de IRSC, los usuarios dispondrán de una bonificación del 20%.

LAS FUNERARIAS, CONTENTAS

“Nos satisface haber logrado un consenso con el Ayuntamiento para estructurar, ordenar y detallar los criterios de acceso a los servicios gratuitos y bonificados, lo que demuestra que el diálogo en un marco de colaboración público privada constituye la mejor opción para afrontar los retos sociales y económicos de las familias con soluciones transparentes y adaptadas a sus distintas necesidades”, comenta Silvia Ramis, directora de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), del grupo Mémora.

Desde Áltima, su director general de Servicios Funerarios, Josep Ventura, ha señalado que el principio de universalidad en Barcelona siempre ha estado garantizado sin que haya faltado nunca ningún servicio, siempre a cargo de las empresas, como ocurre en Catalunya a diferencia del resto de comunidades autónomas.

Ha resaltado que el servicio de beneficencia en la ciudad ha representado un 2% del total de servicios, y ha valorado positivamente la colaboración público-privada que ha establecido con el Ayuntamiento para definir de forma conjunta los criterios de cobertura gratuita o bonificada.