El desplome del histórico Teatro Apolo, de avenida Paral.lel, es total. La firma gestora de la sala, denominada Ethika Global Real Estate, ha incoado suspensión de pagos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona.

Este ya ha dado trámite al expediente, declara la situación de insolvencia de la sociedad y nombra administrador concursal a Manuel Oliveros Lapuerta.

BAJA EL TELÓN

Ethika Global Real Estate es una de las piezas integrantes del Grupo Ethika, un tinglado empresarial fundado y dirigido por Manuel Noguerón Resalt y José Domingo Enrich. El cuartel general del grupo empresarial se encuentra en Travessera de Gràcia/Santaló.

Hace ahora justo un año, el histórico recinto de espectáculos anunció el cierre de forma intempestiva, casi de la noche a la mañana.

MÁS FALLIDOS

La decisión de los promotores desencadenó todo tipo de reproches de los empleados del Apolo contra Ethika, a la que acusaron de dejar un pufo económico considerable. En febrero último, otra de las empresas del grupo, titulada Ethika Global Investments, promovió concurso de acreedores. La actividad de esta sociedad es tan amplia como vacua: “La intermediación comercial en operaciones nacionales e internacionales”.

Los impulsores del conglomerado Manuel Nogerón y José Domingo han estado a cargo del Apolo apenas tres años. Firmaron un acuerdo con el nuevo dueño del inmueble, un grupo de origen israelí, para gestionar la sala durante un periodo de 25 años.

OCASO DEL APOLO

A los pocos meses de asumir el mando, los impagos comenzaron a ser moneda corriente. Los trabajadores, artistas, músicos y otros empleados denunciaron una cadena sin fin de agujeros. En mayo, el veterano Apolo comunicó el cierre definitivo, tras casi 115 años de actividades.

Desde que tomó el control de la gestión, Ethika Global ha contabilizado fuertes pérdidas y deja tras de sí una larga estela de damnificados.

DEUDAS

Además de la plantilla y colaboradores, tiene impagados con entidades financieras por importe de 325.000 euros.

Asimismo, ha acumulado descubiertos con administraciones públicas, en particular seguros sociales e impuestos municipales,  en 2018, 2019 y 2020.

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