Las irregularidades cometidas por Cementiris de Barcelona, tras el derrumbe de 144 nichos en Montjuïc, arrastrarán a su presidente, Eloi Badia, a un procedimiento penal.

Badia, que también es regidor de Presidencia, y Jordi Valmaña, director general de Cementiris, pudieron cometer un delito de falsedad documental y otro de daños, según fuentes jurídicas.

Como informó Metrópoli Abierta, Cementiris de Barcelona cometió varias irregularidades, al reconocer sus responsables que no llamaron a los bomberos ni a la Guàrdia Urbana. Asimismo, ningún profesional intervino en la separación y clasificación de los restos en un caso que ya es conocido como el YAK-42 catalán.

El defecto en el bloque de nichos se detectó dos días antes, con los primeros desprendimientos, pero la inacción de los responsables públicos provocó el hundimiento y la consiguiente mezcla de los restos mortales.

DOS DELITOS

Según ha podido saber este medio, la conducta de los responsables de Cementiris de Barcelona, es decir Eloi Badia y Jordi Valmaña, puede ser constitutiva de dos delitos: falsedad documental y un delito de daños.

Panoráma del Cementerio de Montjuïc con el bloque del derrumbe
Panorámica del Cementerio de Montjuïc con el derrumbe de 144 nichos

El delito de falsedad documental, previsto en el artículo 390 del Código Penal, establece que “será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

  1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

  2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

  3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

  4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos”.

LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS

Tanto Badia como Valmaña, presuntamente, habrían faltado a la verdad en la narración de los hechos, en el propio Consejo de Administración y en la información proporcionada a las familias, cuando ocultaron la gravedad de la situación provocada por el derrumbe y su gestión posterior.

Además, los documentos empleados para el traslado de los restos mientras se reparaba el hundimiento, difícilmente corresponderán a su veraz contenido, lo que plantearía un delito de falsedad documental, atribuible a quien los expidió, pero también atribuible a Badia y Valmaña. Presuntamente, la persona que firmó los documentos debió hacerlo de común acuerdo con los responsables municipales.

Jordi Valmaña y Eloi Badial
Jordi Valmaña y Eloi Badia, director general y presidente de Cementiris de Barcelona

Los dos presupuestos indicados anteriormente alcanzan la tipicidad prevista en el artículo 390 del Código Penal y tanto Badia como Valmaña podrían ser responsables de un delito de falsedad documental.

Por otra parte, el delito de daños, previsto en el artículo 267 del Código Penal, establece que “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a los 80.000 euros serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”.

Fuentes jurídicas aseguran que es evidente que la inacción de los responsables municipales “fue una imprudencia grave y fue la consecuencia del derrumbe de los nichos.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Badia y Valmaña, asimismo, podrían responder con patrimonio personal ante las presuntas negligencias detectadas en la gestión del derrumbe de los 144 nichos. El Tribunal de Cuentas, como adelantó Metrópoli Abierta, podría intervenir en este caso, parecido al del expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien le interpuso una fianza de 5,2 millones de euros por los gastos de la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Las familias afectadas también esperan el desenlace del caso. Representadas por el abogado Josep Maria Palacio no ocultan su malestar con la falta de explicaciones de los responsables de Cementiris de Barcelona y piden las dimisiones de Valmaña, Badia y Colau. Los afectados están molestos con la “incapacidad” del primero, los regates del segundo y el silencio de la alcaldesa.

 

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