Colau y los restauradores firman la paz por el conflicto de las terrazas

La Ordenanza de terrazas se flexibilizará para adaptarla a las necesidades reales de la ciudad, y, por supuesto, a algunas de la peticiones de los restauradores de Barcelona. Tras más de dos años de guerra entre el sector y el gobierno de Ada Colau, ambas partes firman la paz y acuerdan modificar la normativa cuando estaba a punto de expirar la moratoria dictada por la alcaldesa.

La nueva norma tendrá unos criterios generales en toda la ciudad, pero cada distrito aplicará también unas normas concretas en función de las particularidades de cada zona. La Ordenanza "se adaptará a vecinos, restauradores y distritos" y será mucho más flexible que la actual. Este martes, el Gremio de Restauración y Colau han escenificado el pacto. En palabras de la teniente de alcalde, Janet Sanz, el nuevo texto busca "un equilibro entre la actividad económica y los usos vecinales y ciudadanos del espacio público".

350 CIERRES

El principal caballo de los restauradores era frenar la retirada de mesas y sillas que había puesto en jaque a muchos establecimientos, algunos de ellos históricos. Tres de cada cuatro terrazas han tenido que sacar, como mínimo, un 25% de mesas y sillas por la aplicación del régimen de distancias respecto a las fachadas y el mobiliario urbano. Otras terrazas, unas 350, han cerrado, explicó a este diario el director general del Gremio de Restauración, Roger Pallarols.

UBICACIÓN FRENTE AL LOCAL

A grandes rasgos, la nueva Ordenanza establecerá que la ubicación de la terraza tendrá que estar "preferentemente" frente al local, pero no de manera obligada, como hasta ahora. También se blindan los criterios de accesibilidad y seguridad que tendrán que cumplir todos los locales. 

Además, se establece que las terrazas ocuparán un 50% del espacio de las aceras, "con un margen del 10% por arriba o por abajo", ha explicado Sanz. Los horarios no cambiarán con el nuevo texto, se limitará el uso de las estufas de combustión y se establecerán zonas de excelencia, en las que las terrazas tendrán que cumplir unos estándares de calidad superiores, tanto de diseño como de integración en el entorno.

Las ordenaciones singulares de terrazas, que afectaban a paseos especiales, como la avenida de Gaudí, desaparecerán --si están en funcionamiento tendrán dos años para adaptarse a la nueva norma--, y se establecerán zonas de criterios terrritoriales en las que el Ayuntamiento, de forma excepcional, podrá modificar aspectos concretos, como el porcentaje de ocupación de la via pública.

TEXTO DE XAVIER TRIAS

Aunque ha sido el gobierno de Colau quien ha tenido que gestionar la Ordenanza, el texto fue aprobado por el alcalde de Xavier Trias con el apoyo del PP. Por aquellas cosas de la política, Colau hizo suya la norma, pero ante las protestas del sector por la pérdida de mesas y sillas, que ha podido costar unos 4.000 puestos de trabajo en el sector, el gobierno de Barcelona en Comú se vio obligado a dejar en stand by la aplicación de la norma hasta alcanzar un acuerdo con los restauradores.

Cuando hace un año y medio, el PSC entró en el gobierno, Colau se sacó de encima el problema y lo traspasó a Jaume Collboni. Aunque los socialistas, ya no están al mando de la ciudad, buena parte del mérito del acuerdo alcanzado ahora es suyo. "Nos sentimos correponsables" ha dicho Collboni en la puesta de largo del acuerdo. El propio Pallarols ha precisado que seguramente este pacto no hubiera sido posible sin los socialistas.

En la presentación han participado Colau (junto a otros miembros de su gobierno), el Gremio de Restauración (representado por el presidente Pere Chias y Pallarols) y algunos partidos de la oposición, como PDeCAT, ERC, PSC y PP, mientras que la CUP no ha aparecido y Ciutadans no ha querido salir en la foto de familia.

SECTOR PRIMORDIAL

Colau espera que la nueva norma "tranquilice a un sector primordial" y ha reconocido que la Ordenanza actual es demasiado "rígida".  Por su parte, Pallarols ha subrayado "que se entierra definitivamente el conflicto" en un sector que da trabajo a unas 70.000 personas y es uno de los motores económicos de Barcelona. Ambas partes esperan que la Ordenanza se pueda aprobar en el pleno de marzo.

Carina Mejías, de Ciutadans, ha señalado que su grupo se debate "entre la alegría y la perplejidad" de haber participado en la solución del conflicto, pero considera "que el Gobierno municipal ha tenido mucho tiempo para resolver este problema y lo ha hecho, justamente ahora, en apenas una semana y sin llegar a los consensos necesarios".