El Tribunal Constitucional revisará la ley catalana del alquiler aprobada en septiembre del año pasado. La normativa, vigente desde 2020, tiene el objetivo de regular y moderar los costes del arrendamiento en viviendas de uso residencial que estén en una zona con el mercado declarado “tenso”.

Ahora el Constitucional considerará la normativa catalana tras haber admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no reclamó la suspensión cautelar de la medida y, por lo tanto, seguirá en vigor hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el caso.

LEY CATALANA DEL ALQUILER

Desde la Moncloa basaron su recurso en el dictamen que el Consell de Garanties Estatutàries hizo a instancias del Partido Popular y de Ciudadanos, que también impugnó la norma y ya fue admitida a trámite.

El Consell –formado por juristas constitucionalistas y separatistas– señaló que la normativa catalana era contraria al Estatut y a la Constitución, por invasión de competencias. Por contra, el Govern aseguró que no existía tal vulneración porque se basaba en el Código Civil catalán.

LEY DE VIVIENDA

La ley de control de alquileres, que se puso en marcha hace un año en Cataluña, tiene el objetivo de limitar los costes de los arrendamientos en 60 municipios catalanas de más de 20.000 habitantes, entre ellos Barcelona.

La normativa fija que el precio de la vivienda no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si un hogar tenía un coste por encima de la media, el nuevo contrato no podría superar el índice de precios estipulado por la Generalitat.

INCUMPLIMIENTO

Cuando entró en vigor la normativa, el sector inmobiliario y las patronales cargaron contra la ley porque, en su opinión, “paralizaría el sector y reduciría la oferta”. Las sanciones por el incumplimiento de la ley van desde los 3.000 euros hasta los 90.000 euros.

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