Autobuses eléctricos TMB, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
Autobuses eléctricos TMB, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

El colapso en el tribunal de contratos de la Generalitat paraliza a los ayuntamientos metropolitanos

El tribunal, independiente, pero bajo la responsabilidad de Economía, deja sin resolver hasta 25 nuevos contratos públicos en el AMB y acumula más de 400 solo en 2020

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Manel Manchón
Periodista

Un tribunal discreto, desapercibido en la administración de la Generalitat, que ahora está tutelado por el departamento de Economía que dirige el consejero Jaume Giró, ha comenzado a desesperar a los ayuntamientos metropolitanos de Barcelona. También a la capital catalana. El bloqueo de recursos que recibe el tribunal impide la renovación de servicios, tras los correspondientes concursos públicos. Hasta 408 recursos se acumularon en 2020. Esa cifra aumentó en 2021 y se prevé que este año vuelva a incrementarse.

La práctica es sencilla y perversa. Un ayuntamiento convoca un concurso público para renovar un determinado servicio, desde el transporte colectivo al suministro, instalación y puesta en marcha de un punto de carga para vehículos eléctricos. La empresa que pierde el concurso, de forma sistemática, recurre frente al llamado Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Y, mientras no hay una resolución, esa empresa seguirá prestando el servicio, y la ganadora deberá esperar, con el perjuicio económico que conlleva para la compañía y también para el municipio. 

INSEGURIDAD JURÍDICA

El problema es grave en los municipios del AMB, con 25 recursos bloqueados, según ha podido comprobar Metrópoli. Muchos hacen referencia al transporte colectivo, por ejemplo el de viajeros entre L’Hospitalet, El Prat y otros municipios. Tiene fecha del 19 de enero de 2022. Hay otros más antiguos, como el servicio en la contratación de alojamiento de servicios y sitios web, con fecha 18 de agosto de 2021. Y los contratos para renovar el transporte colectivo en Pallejà, Castellbisbal o el Papiol también se encuentran parados.

Los municipios del AMB entienden que las demoras son excesivas, que los recursos se podrían resolver con facilidad, a favor o en contra de las empresas que recurren. Y que, “visto uno, vistos muchos otros”, porque, en el caso del transporte colectivo, son muy similares. La situación está provocando “tensiones de tesorería”, porque los consistorios tenían unas previsiones que se ven forzados a cambiar. Impide "planificar" y crea inseguridad jurídica para las empresas que ganaron los concursos a partir de un determinado precio, que, con el paso del tiempo, podria ser otro más elevado. En el caso de Barcelona, hay una treintena de concursos bloqueados por recursos. Fuentes conocedoras de la situación en el consistorio recuerdan que el ayuntamiento "perdió 600.000 euros", tras el concurso de telecomunicaciones, que se había conseguido a un mejor precio. El recurso estuvo bloqueado durante nueve meses, y el tribunal acabó dando la razón al ayuntamiento.

PLAN PARA CONTRATAR 10 NUEVOS LETRADOS

El departamento de Economía admite el colapso. Las cifras en los últimos años no han dejado de aumentar y se debe, según el departamento, a la gratuidad del servicio, que se impuso en 2017. El tribunal se creó en 2014, y ha pasado de un departamento a otro. Se define como “un órgano administrativo colegiado de carácter especializado que ejerce sus funciones con plena independencia, objetividad e imparcialidad, sin estar sujeto a ningún vínculo jerárquico ni a instrucciones de ningún tipo de los órganos de las administraciones afectadas”. Lo preside Carme Lucena. 

En los últimos años ha dependido de Presidencia y del departamento de Acció Exterior. Ahora depende de Economía, y desde 2017 es un servicio gratuito, al que se acogen muchas de las empresas que pierden un contrato público con la administración. En 2017, como apunta Economía, se atendieron 241 recursos, y la cifra ha ido aumentado en los años posteriores a 358, 479, y los 408 de 2020.

Economía señala que se ha implementado ahora un plan para contratar a diez letrados nuevos, con el fin de agilizar esos recursos. Pero los ayuntamientos indican que las demoras no se pueden justificar.

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