El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha alertado de que una vecina y siete familiares suyos –cuatro de ellos menores– pueden ser desahuciados de su vivienda por orden judicial sin que la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona hayan ofrecido solución alguna.

El pasado 5 de noviembre la comitiva judicial encargada de ejecutar el desahucio de "Claudia y los siete", como el Sindicato de Barrio ha bautizado el caso, desistió en el intento al encontrarse con más de un centenar de vecinos dispuestos a bloquear el desalojo.

PROPIEDAD DE UN GRAN PROPIETARIO

Ese mismo día, la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, explicó que el piso en cuestión es propiedad de un gran propietario que no ha hecho una oferta de alquiler social, y señaló que Claudia no puede tampoco apuntarse a la mesa de emergencia habitacional.

Ello se debe a que Claudia es una mujer inmigrante que, según relata, lleva dos décadas en España, pero sigue en situación administrativa irregular, pese a que los citados menores de edad han nacido en Cataluña.

Según la versión del Sindicato de Barrio de Poble Sec, esta familia "hace tres años que vive en el barrio en un piso que no llega a los 50 metros cuadrados y que es propiedad de un gran propietario".

CONTRATO DE ALQUILER FALSO

"Entraron en el piso a través de un contrato de alquiler falso y después de diez meses pagando les llegó una denuncia por usurpación. Nunca pudieron contactar con la persona a la que pagaban y se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa", indica esta organización.

La juez, afirma el Sindicato de Barrio, ha decretado un desahucio con fecha abierta que puede llevarse a cabo entre el 15 y el 28 de marzo, lo cual genera en la familia afectada "angustia" y "estrés", y el cual según esta entidad no se ajusta a la legalidad.

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