En pocas semanas, el macroalbergue de la Vila Olímpica volverá a poner en jaque al gobierno de Ada Colau. La asociación de vecinos que preside Jordi Giró amenaza con demandar al Ayuntamiento de Barcelona, a través de un contencioso administrativo, e iniciar nuevas movilizaciones contra el gran hostel para jóvenes, con capacidad para 440 personas. Giró opina que la licencia de obras no está bien concedida y pide la nulidad. En caso de no paralizarse, el equipamiento podría abrir en otoño.

El edificio, situado en la avenida de la Icària 145-147, incumple la normativa de seguridad para evacuaciones en caso de incendio, al igual que la de ventilación --algunas de la habitaciones del hostel no tienen luz natural-- o de accesibilidad para garantizar la movilidad de las personas con alguna discapacidad. "Las obras han supuesto también un modificación de la estructura del edificio, algo que está prohibido", afirma el presidente de la asociación vecinal.

Según Giró, algunas de estas vulneraciones obligarían a la propiedad a volver a iniciar todos los trámites de la licencia y ya no se podría conceder porque el barrio de la Vila Olímpica está afectado por el Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y no pueden abrir nuevos hospedajes. La licencia se concedió en junio del 2016, antes de que se aprobara el PEUAT. Giró pone especial énfasis también en el aforo del macroalbergue, que se vería claramente reducido por el incumplimiento de la normativa de seguridad. "Habría que construir nuevas salidas de incendios y se tendrían que reducir las habitaciones".

LA SÍNDICA, A FAVOR

La asociación de vecinos lleva meses esperando una resolución --con valor juridico-- del Ayuntamiento a sus alegaciones. En este documento, el consistorio se tiene que mojar sobre si la licencia está bien concedida, pero la respuesta municipal no llega. Hasta la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha dado la razón a los vecinos en este aspecto. "He advertido al Ayuntamiento de la obligación legal de resolver y notificar los procedimientos iniciados, como determina la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas", escribe Vilà en un documento al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta.

Ante este panorama, el colectivo organizará este mayo una concentración para dar a conocer a los vecinos la situación. Si llegado el caso, la asociación no tiene la resolución municipal, demandará al Ayuntamiento. En caso de disponer de la resolución, valorará la decisión que toma en función de lo que diga el documento del consistorio. La licencia está firmada por la teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Janet Sanz. Giró cree que la respuesta municipal no llegará. "Les incomoda. Saben que no lo han hecho bien". 

macroalbergue
Pintadas contra el macroalbergue de la Vila Olímpica / HUGO FERNÁNDEZ

Al margen de los incumplimientos de las normativas, los vecinos denuncian la "degradación" que el macroalbergue comportará para el barrio. Aun no ha abierto, pero en las proximidades ya han levantado la persiana el último año tres clubs de cánnabis y 11 supermercados de 24 horas para la venta de alcohol. Giró alerta que cuando abra será habitual que se produzcan concentraciones de jóvenes en la calle practicando botellón y haciendo ruido. Es probable también que decenas de vecinos se vayan y que los pisos se alquilen y, con el PEUAT en vigor, se dedicarán a actividades turísticas ilegales. "El macroalbergue es una bomba en la línea de flotación del barrio", valora el dirigente vecinal.

CONSULTA EN CONTRA

El conflicto por el macroalbergue no es nuevo. Ya hace más de un año y medio que los vecinos se movilizan. En este tiempo, las obras se han parado en tres ocasiones. Los residentes también organizaron hace un año una consulta, en la que votó el 20,8% del censo, para pronunciarse sobre el macroalbergue. El barrio votó mayoritariamente en contra. De 1.297 personas que acudieron a la convocatoria, 1.260 votaron No.

Anteriormente, el edificio era propiedad de Mapfre y tenía un uso de oficinas. Entre otros, en el inmueble tenía la sede el Instituto de Mercados, que ahora se ha trasladado a Sant Andreu, aunque la calificación urbanística permite el uso residencia. Giró explica que la finca la compró la empresa Onix, "que ya tiene otros hostels en la ciudad", por unos ocho millones de euros. "Cuando el edificio se adquirió, la propiedad ya sabía que le iban a conceder la licencia para hacer el macroalbergue". En poco tiempo, el equipamiento dobló su valor en el mercado, subraya Giró. "Fue una operación 100% especulativa".