Meses atrás, el montón de corrupción en la trinchera de vías de Sant Andreu y la Sagrera obligó al juez a paralizar las obras hasta que se esclarezca qué sucedió con el desfalco del dinero público. Sin embargo, la decisión judicial no ha hecho más que justificar un 'stop' a unas obras que ya no tenían gasolina económica. A las máquinas no se las veía ni en pintura desde hacía años. Solo que, ahora, el auto del juez ha servido como coartada política ante la falta de financiación. Pero... ¿quién debe pagar la estación y el parque lineal?

A GOLPE DE LADRILLO

Tal como figuraba en el primer convenio de 2004 A.L. (Antes del Ladrillo), la estación iba a cargo de Adif y el parque lineal se financiaba mediante plusvalías. La administración, en plena fiebre del tocho, invitaba a las promotoras a construir miles de viviendas privadas en el extenso suelo público que rodea al parque lineal, para después sacar su particular tajada. Sin embargo, la burbuja reventó y las promociones residenciales nunca se llevaron a cabo. A falta de horizontes económicos, todo quedó patas arriba. Y ahora, en pleno 2017 D.L (Después del Ladrillo), el hormigón de la trinchera de vías ya se empieza a fosilizar.

Tal como señalan las entidades vecinales de Sant Andreu y la Sagrera, la experiencia del tocho debía servir para repensar la forma de 'hacer ciudad'. Dejar atrás la construcción a golpe de ladrillo y explorar otras vías de financiación. Pero, a lo largo de todo este tiempo, no se han planteado alternativas, más allá de restar presión a una de las partes implicadas. Adif, que debía pagar la estación, redimensionó el proyecto presupuestado en cerca de 800 millones de euros a 650 millones, gracias al pacto entre la exministra de Fomento, Ana Pastor, y el exalcade, Xavier Trias. Además, la modificación pasaba a contemplar la construcción de un centro comercial dentro de la infraestructura, el cual costearía 300 millones de la obra. A fecha de hoy, los dossieres y power points deben de permanecer guardados en algún cajón de la administración. Ni hay diseño definitivo de la estación, ni empresa comercial interesada.

SIN 'PLAN B'

Por su parte, la Generalitat continúa entestada en utilizar las plusvalías como vía de financiación. “Desvinculemos las plusvalías de la burbuja inmobiliaria”, pide el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull. Tal como señala, “hemos acreditado en otros lugares de Catalunya que es posible obtener financiación a través de aprovechamientos urbanísticos”. En su opinión, este financiamiento sería “imposible” si se llevara a cabo mediante los presupuestos ordinarios. “Lo que tenemos que hacer es ajustar los ingresos a previsiones reales; no a planteamientos grandilocuentes más propios de la antigua burbuja inmobiliaria”, asegura.

Una forma de entender la obra pública que choca frontalmente con los vecinos afectados por las obras. Desde la Associació de Veïns i Veïnes (AVV) de Sant Andreu de Palomar, su vocal en Urbanismo, Pau Maduell, considera que “es muy triste que no se haya replanteado la forma de cómo se ha de pagar una obra pública”. “¿Resulta que los vecinos que compren un piso, con su hipoteca tienen que terminar pagando la urbanización de una zona verde? ¿Es esto lo que nos están diciendo? ¿El modelo todavía es el de seguir generando burbuja inmobiliaria? ¿No hemos aprendido nada?”, cuestiona.

Los vecinos recuerdan al conseller Josep Rull todo lo que falta por hacer en el proyecto de la Sagrera / DGM

OBRAS QUE SE PAGAN CON HIPOTECAS PARTICULARES

“Es una miseria que todo lo que hacemos lo tengamos que hipotecar”, denuncia el vocal de Urbanismo de l'AV de La Sagrera, Oleguer Méndez. “Los jardines los pagaran los vecinos de alrededor y la estación se financiará con todo aquel que pase por el centro comercial”, critica. Según entiende Méndez, el planteamiento genera una “discriminación y una penalización sobre el espacio”. “Probablemente, si este planteamiento estuviese en otro lugar de Barcelona, no se penalizaría; en otros lugares lo pagan entre todos y aquí serán solo los vecinos que vengan a vivir”, cuestiona. Además, cabe recordar que el convenio de 2004 cede el suelo público a las constructoras privadas para que lleven a cabo sus promociones de libre mercado. Luego, “será una administración pública la que utilice las plusvalías para poner las flores”, ilustra el representante vecinal.

Ahora se espera que las obras se reanuden (definitivamente) el próximo 21 de junio. “Estamos a la expectativa”, señala Maduell. La inversión, sin embargo, es tildada de “ridícula” por los vecinos. 10,5 millones de euros para terminar el colector de aguas de Prim y la losa de la estación. “Los números cantan: 10 millones de 1.300 millones [presupuesto previsto para toda la obra], es menos del 1%; no hay nada más que decir”, sintetiza Maduell. Una falta de esperanza que Rull prueba de subsanar metafóricamente: “Yo siempre explico la teoría de las muñecas rusas: si no hay el colector Prim, no habrá el resto del proyecto; por lo tanto es una condición sine qua non”. Los vecinos aseguran recogerle el guante de las buenas intenciones, pero la confianza ya está muy mermada.

“NO HABLAMOS DE VERGÜENZA, SINO DE LÁSTIMA”

Aunque sea el principio del final del túnel (o no), las entidades vecinales tampoco se explican como que todavía no se ha definido la estación y a estas alturas todavía se hable de losas y colectores. “En el fondo, es una lástima que Barcelona pierda la oportunidad de ser una ciudad europea modelo en cuanto a infraestructura ferroviaria”, lamenta Maduell. De hecho, la visión del cargo de l'AVV de Sant Andreu de Palomar se centra puramente en el beneficio vecinal que puede propiciar el futuro equipamiento: “No perdamos de vista que la estación de la Sagrera ha de permitir reorganizar las cercanías de la ciudad, más allá de sumar una nueva estación del AVE que solo utilizaran los ricos”. “Aquí hay una infraestructura que llega 20 años tarde y ya se prevé que no la tengamos acabada hasta dentro de otros 10 años; ya no hablamos de vergüenza, sino de lástima”.

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