La Sindicatura de Greuges de Barcelona es la institución que se encarga de supervisar al Ayuntamiento de Barcelona, es decir cuando un ciudadano tiene una queja del consistorio se puede dirigir a la defensora del pueblo municipal, que desde 2010 es Maria Assumpció Vilà.

Para poder emitir sus resoluciones, que en ningún caso son vinculantes, la síndica solicita información sobre los expedientes al gobierno de turno. Las respuestas del ejecutivo municipal suelen se lentas -a nadie le gusta que le supervisen-, pero muy pocas veces las contestaciones tardan tanto tiempo como ahora.

DESDE MAYO DE 2017

La síndica acaba de denunciar que el gobierno de Ada Colau ha tardado más de un año y medio en responderle una queja sobre contaminación acústica del distrito de Sant Andreu. El 3 de mayo de 2017, Vilà recibió una reclamación. El día siguiente, la defensora reclamó el expediente municipal, que no ha llegado hasta la oficina de la síndica hasta el 19 de noviembre de 2018. 

“Este hecho significa un incumplimiento, por parte del organismo municipal requerido, del deber de colaborar con la síndica de greuges en el ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas, tal como marca la ley”, dice Vila. A la postre, esto se traduce en que la síndica no puede hacer su trabajo y el ciudadano no recibe ninguna respuesta a su caso.

El tiempo de respuesta a la síndica de los tres últimos gobiernos municipales -Jordi Hereu, Xavier Trias y Colau- fácilmente ha superado los cuatro o cinco meses, cuando el reglamento de funcionamiento de la Sindicatura establece 15 días. Muy habitualmente, la demora se ha situado entre los seis u ocho meses o más tiempo.