Los vecinos de Ciutat Meridiana dan la espalda a las okupaciones de mafias

En los últimos años Ciutat Meridiana se ha ganado el sobrenombre de villa desahucio. La ratio de desalojos ha alcanzado los cuatro casos por semana. El presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo, aseguró en una entrevista que entre 2015 y 2019 se ejecutaron unos 800 desalojos.

Muchas okupaciones son facilitadas por clanes delictivos que aprovechan el enorme parque de pisos vacíos en manos de bancos y grandes propietarios. Dan la patada a cambio de dinero, que pagan las familias sin recursos para afrontar los gastos de un alquiler regular. 

MÁS DE 200 OKUPACIONES

Bravo asegura que la entidad vecinal ha dejado de detectar estos casos de okupaciones. "Hace más de un año que las dejamos de apoyar. Cuando acuden a nosotros en busca de ayuda, les preguntamos cuánto dinero han pagado. Que les defiendan los que hacen la patada", cuenta a este medio. "Nosotros defendemos la solidaridad, no a la gente que ha hecho de esto una profesión, que viven de la miseria", reprocha. 

La cifra de okupaciones en Ciutat Meridiana se mantiene apenas inalterable con el paso del tiempo. En enero de 2019 el mismo líder vecinal calculaba unas 250 viviendas tomadas. Dos años más tarde, Bravo apunta a una cifra muy similar, probablemente, "entre 200 y 250". 

Filiberto Bravo, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana

'EL 90% DE CASOS, DE MAFIAS'

Fuentes de Fuera Okupa, una empresa que realiza desalojos extrajudiciales, aseguran que las mafias de la okupación siguen operando en esta zona de Nou Barris. "El 90% de las okupaciones son por patada a cambio de dinero", aseguran.

Bravo insiste en poner el acento en la grave situación social que padece uno de los barrios con la rentas familiares más bajas de Barcelona. Personas que no pueden seguir pagando la hipoteca o el alquiler también se convierten en okupas de su propia vivienda. La asociación sigue dando apoyo a estas familias y subraya la necesidad de poner el foco en los pisos vacíos y al abandono por parte de los bancos.

En su propia comunidad, 11 de los 50 pisos pertenecen a entidades bancarias. Bravo asegura que un piso iba a convertirse en alquiler social, pero que el "único que no ha firmado" es su propietario, un banco. "No pretendemos criminalizar a nadie, pero sí a los bancos que han estado robando durante estos años", denuncia.