Las asociaciones de vecinos del barrio de Les Corts han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Arzobispado de Barcelona por presuntas ilegalidades en un edificio de este distrito, en el que quieren construir una residencia de ancianos. El tema enfrenta a vecinos e iglesia desde hace un par de años, pero ahora ha entrado ya en una fase dura. Según la plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts (que reúne a varias asociaciones de vecinos), el Arzobispado ha incumplido reiteradamente las normativas municipales y mantiene el recinto de su propiedad, que quiere convertir en residencia, en un estado deplorable, tanto en lo que se refiere al edificio como en lo referente a un jardín protegido que lo rodea.

El Arzobispado tiene su propiedad en la confluencia de las calles Remei, Galileu y Joan Güell, en la zona alta. Allí dispone de un viejo edificio que es una residencia de sacerdotes y un antiguo seminario. Su intención era transformar este segundo inmueble en una residencia de investigadores, pero ante la oposición de los vecinos cambió de objetivo y presentó ante el Ayuntamiento la petición para convertirlo en una residencia de ancianos. Los vecinos aseguran que este cambio de usos se hizo a sus espaldas, aunque tanto desde el consistorio como desde el Arzobispado se asegura que se llevaron a cabo todas las negociaciones con luz y taquígrafos.

ELIMINAR LOS JARDINES

Sea como fuere, el resultado es el mismo: según un documento elaborado por las asociaciones de vecinos y otras entidades sociales de Les Corts, el plan del Arzobispado eliminaba una parte de los jardines que rodean el edificio a remodelar, que están protegidos. “El barrio ha sufrido recortes de valiosos de espacios verdes en el antiguo Instituto Frenopático y nuevamente podríamos perder un valor tan preciado, instituido por el plan general metropolitano, para compensar la contaminación en las ciudades. Al mismo tiempo, la configuración prevista ocultaría la visión del edificio existente catalogado, restando al paisaje urbano un elemento enriquecedor para la ciudad y el barrio, que no habría de ser manipulado bajo intereses particulares”. Los vecinos piden reducir alturas de la nueva residencia y mantener los jardines protegidos.

OBRAS SIN PERMISOS

En su denuncia ante la Fiscalía, exponen que en los últimos meses se han destruido “sin permisos” desde la cubierta del edificio del antiguo seminario hasta los tejados, la fachada y algunos interiores hasta tal punto que el edificio “está en un estado muy grave de deterioro. Tanto el edificio como el entorno es deplorable y pueden suponer el incumplimiento de la normativa de obligación de conservación del patrimonio”.

El escrito al Ministerio Público explica también que se pretende construir una residencia de “seis plantas y de 7.544 metros cuadrados” en el antiguo Convictorio, “protegido por el plan especial de protección del patrimonio de Les Corts”.

El edificio de la discordia data del año 1877 y el plan especial del Ayuntamiento prevé que se modifique un 33 % de su volumen, así como “una destrucción de los jardines que lo envuelven y que están protegidos. Por otro lado, se incluye la construcción de otro edificio enganchado al edificio protegido que ocultará totalmente, en dos de sus fachadas, el edificio catalogado. La ficha de patrimonio obliga a la conservación integral de la fachada y de los volúmenes originales de Can Capellanets [el Convictorio] y, por tanto, que las fachadas y volumen se puedan visualizar desde el exterior, pero como queda oculto por una nueva construcción, esta protección pierde todo su sentido”.

La denuncia destaca también el problema ecológico que presenta el plan del Arzobispado, así como el problema urbanístico, ya que el recinto se encuentra “en una zona de transición entre dos espacios calificados de “núcleo antiguo”, el de la plaza Comas y el de la plaza de la Concordia, donde un edificio de estas dimensiones distorsionaría totalmente la obra”.

OTRO “CASO ROTONDA”

Por último, los vecinos recuerdan que la sentencia sobre el edificio de la Rotonda considera ilegales las modificaciones hechas en un edificio protegido, por lo que si el Ayuntamiento le da luz verde se puede encontrar en un futuro próximo con que los tribunales le obliguen a deshacer las modificaciones e incluso a indemnizar a los propietarios. Aseguran en su demanda que ambos casos tienen aspectos muy similares, tanto en los temas de conservación de volúmenes como en la “falta de respeto a la fachada”.

El problema para el consistorio es que los permisos para realizar las obras ya vienen de los tiempos del anterior alcalde, Xavier Trias, que fue quien dio luz verde al proyecto, por lo que el actual consistorio no puede negar los permisos de obras, ya que de lo contrario podría ser acusado de prevaricación.

SITUACIÓN SURREALISTA

La situación es tan surrealista que, tras pasar por comisión, el plan fue llevado al distrito. Ahí no cosechó ningún voto a favor, ya que Barcelona en Comú (BeC), Convergència i Unió (CiU), PSC y ERC se abstuvieron, mientras que Ciudadanos y la CUP votaron en contra. “Ahora se tendrá que constatar si en la votación final en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, formada por representantes de todos los partidos políticos, manda el sentido común y la voluntad popular o los trapicheos de la política de salón y el poder del Arzobispado de Barcelona”, dice una nota de las entidades vecinales.

EL ARZOBISPADO SE JUSTIFICA

El Arzobispado ha hecho pública una nota en la que defiende su proyecto, del que dice que recibió del área de Urbanismo su aprobación inicial el pasado mes de diciembre, y en la que subraya que el pasado 3 de octubre mantuvo una reunión con una veintena de vecinos y con el concejal de distrito, Agustí Colom, en la que presentó oficialmente su último plan. “Este equipamiento, promovido por la Fundación Sant Josep Oriol, serviría para acoger sacerdotes jubilados y atendidos en el edificio actual (cerca de un centenar) pero también para ofrecer al barrio 135 plazas geriátricas, que está muy necesitado de este tipo de servicios”.

La comunicación oficial añade que el déficit de plazas geriátricas en Barcelona es de 2.780 y de ellas, unas 700 están en el distrito de Les Corts. También recuerda que el proyecto tiene todos los permisos en regla y que cuenta “con el aval técnico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona”.