El desalojo de Ca la Trava que se ha realizado este jueves en el barrio de Gràcia se llevaba postergando desde abril de 2017, cuando se dictó la primera orden judicial de desalojo. Entonces, uno de los okupas presentó un recurso conra la decisión, mientras que otros tres solicitaron un programa de mediación.

La propiedad del edificio, una inmobiliaria del grupo 'La llave de oro', pidió que se prorrogara el desalojo un mes por la intermediación del Ayuntamiento, que pidió una desokupación pacífica. Sin embargo, en octubre de todavía 2017 el Juzgado volvió a ordenar el desalojo forzoso, después de que los recursos fueran rechazados.

LAMENTO DE ELOI BADIA

Un mes más tarde, el juzgazo paralizó el desalojo, al conocer que el Ayuntamiento de Barcelona estaba interesado en comprar el edificio. Dentro del proceso de mediación, el consistorio comandado por Ada Colau se interesó en su adquisición, para preservar "el derecho a la vivienda" de las familias "víctimas de la especulación y la gentrificación", según ha explicado el concejal de Gràcia Eloi Badia en un tuit.

Finalmente, en mayo de 2018 la mediación terminó sin acuerdo con la propiedad, que en los meses siguientes solicitó diversas prórrogas del desalojo a requerimiento del consistorio. El pasado 2 de octubre, el Juzgado decretó el desalojo y, paralelamente, rechazó una petición de la defensa de dos de los ocupados en la que solicitaban la prescripción del delito de usurpación, por lo que este jueves los Mossos han procedido a acatar la orden judicial.