La antigua formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) --ahora reconvertida en Junts per Catalunya-- tuvo su sede durante muchos años en el número 331 de la calle Còrsega, en el distrito de Gràcia de Barcelona.

El partido se instaló allí en el año 1998 cuando compró unas oficinas de la empresa Enher. Pero CDC se vio obligada a abandonar el bloque de oficinas a mediados del 2016 para avalarlo como fianza en la trama de corrupción conocida como caso Palau. Después, a finales de aquel año, se anunció un megaproyecto para convertir el espacio en once pisos de lujo de entre 200 y 400 metros cuadrados.

El edificio se encuentra a pocos metros de la avenida Diagonal, rodeado de construcciones históricas como la Casa Comalat y la Casa Fuster, y cerca del paseo de Gràcia. La agencia encargada de comercializar los inmuebles de lujo es la promotora Coldwell Banker Prestige y el proyecto lo ha diseñado la empresa LaGranja Design.

NUEVA PROPUESTA

Según detallaba Crónica Global el pasado mes de septiembre, el comprador fue el grupo inversor de Hong Kong Synergy Inversiones 2014 SL. La sociedad tiene fijado su domicilio en Madrid y se dedica a la realización de estudios económicos, financieros e inmobiliarios, así como a la prestación de servicios de tipo mercantil. Su administrador único, desde julio de 2019, es Singh Dhillon Gurkirat. El socio único es una sociedad del mismo país llamada Sparkland Limited.

Las obras se iniciaron en septiembre de 2019 y justo un mes después, la propiedad hizo una nueva propuesta conistente en ampliar la citada promoción inmobiliaria de las 11 viviendas previstas a un total de 19.  Además, también supondría la construcción de “un local comercial, espacios comunes, 19 trasteros, 28 plazas de aparcamiento para coches, 8 plazas para motos y 36 plazas para bicis”.  

La petición de modificación del inmueble de la calle Còrsega 331 data de octubre de 2019 y el Ayuntamiento todavía no ha aclarado si la ha aceptado o no porque aún no ha aparecido ninguna comunicación oficial al respecto en la Gaceta Municipal.

CAMBIO EN EL PGM

El problema de fondo es que cualquiera que tenga en mente construir vivienda en Barcelona está obligado a dedicar por ley un 30% de la nueva edificación a vivienda de protección oficial (VPO). Esta medida está vigente desde diciembre de 2018, tras una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) impulsado durante el primer mandato de Colau. La medida fue recurrida por algunas entidades representativas del sector inmobiliario, que en febrero de 2019 presentaron un recurso contencioso administrativo contra esta norma.

 Acuerdo entre Colau y Generalitat para la reserva del 30% de las promociones a pisos sociales / EP
Imagen de archivo de bloques de viviendas en construcción / EP

PARÓN EN LAS OBRAS

Fuentes conocedoras del megaproyecto apuntan que los inversores asiáticos jugarán la baza de que la petición de inicio de las obras fue anterior al cambio del PGM de diciembre de 2018.   

Pero los dueños de Hong Kong no tienen en cuenta que esta nueva propuesta supone un problema para la continuidad de la reconversión del edificio, porque lo que hace es limitar los nuevos pisos a menos de 200 metros cuadrados por "motivos comerciales".

TRES OPCIONES

Por todo ello, fuentes cercanas a la promoción advierten de que Synergy Inversiones 2014 a partir de ahora tiene tres opciones que puede llevar a cabo.

La primera es parar las obras sine die, la segunda es reformular el proyecto y hacer la parte de pisos sociales que corresponde para adecuarse a la normativa y la tercera es intentar llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento (para no tener que construir vivienda social dentro de su megaproyecto de pisos de lujo). En este momento, todo queda muy abierto a la espera de la respuesta de los técnicos de la Administración Local.

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