En un intento para ampliar el parque de viviendas de alquiler público en Barcelona, el gobierno de Ada Colau adquirió el año 2018 la finca correspondiente al número 317 de la calle Aragó, en el Eixample. El edificio, que consta de 11 pisos y un local, se sumaba así a otras propiedades adquiridas por el Ayuntamiento para destinarlas a esta finalidad. O, al menos, eso es lo que pregonaban la alcaldesa y su entonces primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.

Transcurridos más de dos años desde este anuncio, el bloque se encuentra en las antípodas de ser aquello que aseguraron los comunes. Actualmente, los vecinos del distrito sufren una narcofinca okupada que se ha convertido en un foco de conflicto que ha dado pie a un escenario de inseguridad en la zona.

VIOLENCIA Y DROGA

Fuentes vecinales aseguran que el "tráfico de drogas, de objetos robados y la falta de seguridad" en la finca y sus alrededores es constante. El bloque, con todos sus pisos y el local okupados, da cobijo a "traficantes y toxicómanos, quienes atemorizan al vecindario escupiendo a las personas y a los portales de la zona, paseándose martillo en mano y amenazando a transeúntes con cuchillos", según aseguran dichas fuentes. 

Además, indican que desde el terrado del edificio de propiedad municipal se puede "acceder a fincas colindantes", lo que obliga a los residentes a "vivir en un estado de temor y vigilancia" perpetuos para evitar que la okupación llegue a sus inmuebles.

SIN MANTENIMIENTO

Pese a que los edificios deben someterse a inspecciones técnicas para evitar un deterioro que comprometa su habitabilidad, la okupación total de la finca impide que éstas se estén llevando a cabo.

El resultado de la falta de mantenimiento ya es visible, por ejemplo, en unas graves humedades originadas en este edificio que comprometen la seguridad del propio bloque y otros colindantes, y que no dejan de empeorar porque nadie puede acceder a las viviendas para realizar las reparaciones correspondientes.

OLVIDADOS

Vecinos de la Dreta de l'Eixample denuncian el olvido del Ayuntamiento ante esta situación, que no ofrece respuesta sobre una problemática que afecta plenamente a una finca de su propiedad cuyos pisos deberían estar destinadas a vivienda social.

En este sentido, solicitan a Colau; a la concejal de Vivienda, Lucía Martín; y al regidor de distrito del Eixample, Jordi Martí, que ofrezcan una solución ante esta problemática "antes de que sea demasiado tarde" para poder recuperar la convivencia anterior a esta okupación.

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