Colau lleva por primera vez un caso de acoso inmobiliario a la Fiscalía

El gobierno de Ada Colau llevará por primera vez un presunto caso de acoso inmobilario a la Fiscalía de Barcelona. El caso lo ha dado a conocer este lunes el primer teniente de alcaldía Gerardo Pisarello a través de las redes sociales y hace referencia a la situación vivida por Alpha y Fran, dos vecinos del número 92 de la calle de Floridablanca, en el barrio de Sant Antoni, que se quejaron de que la propiedad no les iba quería renovar el contrato de alquiler y no hacía un buen mantenimiento de la finca.

Según Pisarello, "una ciudad comprometida con el derecho a la vivienda tiene que ser contundente en la lucha contra la especulación". Y añade que Barcelona, tras ser pionera en sancionar el acoso inmobiliario, ahora insta a la Fiscalía para que estudie "posibles responsabilidades penales" sobre el caso de Alpha y Fran. El Ayuntamiento quiere sancionar a la propiedad de esta finca de la calle de Floridablanca con 90.000 euros. Colau anunció el pasado verano su intención multar el moobing inmobiliario.

En la misma finca que viven Alpha y Fran, hay otros 22 pisos en alquiler. Alpha y Fran denunciaron la situación que vivían el pasado verano a través del Sindicato de Arrendatarios. Según el Ayuntamiento, la propiedad no arregló los bajantes fecales, mantuvo las instalaciones de agua con tuberías de plomo con una concentración superior a la que dicta la normativa -lo que hacía que el agua no fuera apta para el consumo- y tampoco hizo una correcta conservación general de la vivienda. El distrito del Eixample dictó varias órdenes para tener el inmueble en buenas condiciones, pero no obtuvo respuesta.

El Ayuntamiento trabaja en 14 casos que afectan a 22 viviendas de la ciudad, la mayoría en Ciutat Vella y el Eixample. Otras seis situaciones de presunto acoso inmobilario ya han sido archivadas después de que la persona que denunció desistió porque el moobing había dejado de producirse. Recientemente, el consistorio anunció su intención de multar a dos fondos buitre con 2,8 millones de euros por tener fincas vacías en Barcelona, concretamente en las calles de Pau Clarís y Aragó.