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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes de manera definitiva la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) y del Plan Especial Urbanístico que afecta al ámbito de la basílica. El acuerdo ha sido ratificado con los votos favorables de Barcelona en Comú, PDeCAT, Ciutadans, los regidores no adscritos (Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy) y PP. Los socialistas y la CUP han votado en contra y ERC se ha abstenido.

La regidora Janet Sanz, responsable del área de Urbanismo, ha definido el plan como "histórico" porque permitirá regularizar las obras de la Sagrada Família. Tras más de 130 años de trabajos, la basílica tendrá licencia. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Patronato de la Sagrada Família contempla que la ciudad recibirá 36 millones del edificio de Antoni Gaudí. Este dinero, que el patronato entregará en 10 años, servirá para llevar a cabo mejoras, entre ellas una boca de metro que lleve directo al monumento.

"PATATA CALIENTE"

Aunque la mayoría de grupos han votado a favor, algunos partidos de la oposición han criticado a los comuns y por dejar una "patata caliente" al próximo ejecutivo muncipal que salga de las elecciones del 26 de mayo, ha subrayado el concejal de ERC, Jordi Coronas. El acuerdo no aborda la construcción de la fachada de la Glòria y la expansión del templo hacia la Diagonal, que podría compartar el derribo de centenares de viviendas, afectadas desde hace décadas. “El acuerdo es cojo y se ha hecho sin contar con los vecinos”, subrayó a Metrópoli Abierta Joan Itxaso, miembro de la asociación de vecinos de la Sagrada Família.

El PSC y la CUP se han manifestado en contra del plan, entre otros motivos porque no se ha abordado el futuro de los vecinos afectados. El regidor del PSC, Daniel Mòdol, ha acusado al gobierno de Colau de ser "cómplice del moobing inmobiliario" que se generará. Y Pere Casas, de la CUP, opina que la propuesta abre la puerta a los desahucios. Para Casas, la Sagrada Família es un parque temático.