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La convivencia en la comunidad de vecinos se rompió en 2016 cuando un pequeño grupo de personas empezó a trapichear desde el número 9 de la calle de Om, un edificio en el Raval gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona. El tráfico de hachís atrajo peleas entre bandas rivales, incivismo en los espacios comunes y una sensación permanente de inseguridad. Los Mossos d'Esquadra han recibido media docena de denuncias relacionadas con este pequeño grupo criminal que en 2019 okupó dos pisos.. Ahora, una nueva querella acusa a estos camellos de usar a un chico de 17 años de origen extranjero sin referentes familiares para vender sus sustancias y pide a la Generalitat de Cataluña que se haga cargo de él. 

El pasado 3 de marzo, Metrópoli se hacía eco de los dos intentos de robo y amenazas explícitas e insultos homófobos que sufría uno de los vecinos del inmueble. Su publicación y la de otros medios se tradujeron, en unos días, en una mayor presencia policial en el lugar y los traficantes adoptaron un perfil bajo. Pero el incivismo, la venta de droga y las coacciones nunca desaparecieron. 

AGRESIVIDAD

La nueva denuncia presentada en la comisaría de Ciutat Vella el 5 de mayo relata la "subida del grado de agresividad" del menor. El residente asegura que muchos vecinos evitan denunciar por miedo a él y al resto de personas que trafican con drogas. El denunciante asegura que el menor, "consciente de que la presión policial se ha producido a raíz de las denuncias de los vecinos en la comisaría y en los medios, se dedica a orinar cada día en los rellanos del piso y el ascensor". 

Un operario ha certificado que las averías constantes del elevador se deben a la "filtración de orines" en el sistema eléctrico del aparato, una circunstancia que afecta la rutina de los numerosos vecinos de edad avanzada y con movilidad reducida. Excepto una única vivienda en propiedad de un particular, el inmueble está compuesto por 24 pisos de alquiler social gestionados por el Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB), que depende del consistorio barcelonés.

MIEDO A REPRESALIAS

El denunciante tiene miedo a represalias y prefiere mantenerse en el anonimato. Cuenta que ocurre lo mismo con todos los inquilinos. Este hombre afirma que el mismo joven le dijo que había vivido en un centro de menores gestionado por la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència), el organismo de la Generalitat que tutela a los jóvenes sin padres o tutores, como el caso de los menores inmigrantes que llegan a España viajando solos. En varias ocasiones, los mossos han conducido al chico para presentarlo a la Fiscalía de Menores, o bien al centro de menores, pero regresa a las pocas horas mostrando una "actitud hostil, intimidatoria amenazante y coaccionadora".

Un mojito y otros objetos de los okupas en un espacio común del edificio / CEDIDA
Un mojito y otros objetos de los okupas en un espacio común del edificio / CEDIDA

Al cierre de esta edición, no ha sido posible recibir una respuesta concreta sobre el caso por parte de Departamento de Afers Socials. Fuentes de la consejería sí señalan que cuando tienen constancia de que un menor comete delitos lo comunican a la policía. La DGAIA carece de educadores sociales que trabajen a pie de calle, por lo que muchos casos los conocen gracias a los Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana y los servicios sociales del Ayuntamiento. A preguntas de este medio, un portavoz de esta área municipal se remite al Govern argumentando que los menores de edad son "competencia exclusiva" de la administración autonómica. En marzo, el consistorio de Ada Colau aseguraba que existen procedimientos judiciales para desalojar a los traficantes.

VIGILANCIA SOBRE LOS VECINOS

El adolescente "obliga" a los vecinos a dejar la puerta del edificio abierta porque sabe que la policía lo busca de vez en cuando. En alguna ocasión ha increpado a alguna persona por cerrar la verja. Vigila constantemente a todas las personas que entran y salen del edificio y participa activamente, según el inquilino, en el pase de droga en el exterior, a unos metros de la entrada.

No es el único que vigila los movimientos de los residentes. Lo hacen también los camellos que venden droga desde 2016 y que intensificaron su actividad en 2017 y 2018. En 2019 los traficantes se convirtieron en okupas cuando se instalaron en dos viviendas. Rompían la puerta principal del inmueble que siempre permanecía abierta, a pesar de las frecuentes visitas de los operarios. Los altos niveles de tráfico de drogas provocaron disputas por el territorio con un grupo de argelinos con batallas con armas y lanzamientos de cócteles molotov.

Colchón y ropa de uno de los okupas cuando dormía en la terraza / CEDIDA
Colchón y ropa de uno de los okupas cuando dormía en la terraza / CEDIDA

El supuesto traficante menor de edad vivió una temporada en un rellano. Otras personas vinculadas a este grupo se han instalado en otros espacios comunes como un cuarto de limpieza en el que colocaron un sofá y una estufa eléctrica. También han dormido en la misma terraza en una estrategia continuada en el tiempo con el objetivo de adueñarse del inmueble, generando también una intimidación constante. 

SIN SOLUCIÓN

Ayuntamiento, mossos y urbana han intentado encontrar una solución que, de momento, no llega. En la última denuncia, el vecino afectado asegura que se ha visto obligado a suspender las visitas de sus amigos y de clientes de trabajo porque estos se han visto intimidados en la puerta. En la acusación presentada ante los Mossos d'Esquadra solicita medidas de alejamiento para la familia que okupa los pisos y del resto de personas que viven ilegalmente en estas viviendas. También pide, como última medida, el desalojo cautelar de los dos pisos ocupados ilegalmente.

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