‘Pacificar’ Ciutat Vella costará más de 5 millones de euros

Más de 5 millones de euros gastará el Ayuntamiento de Barcelona en un servicio de intervención social para garantizar la convivencia en el distrito de Ciutat Vella durante los próximos años. El proyecto lleva el nombre de Servicio de Intervención Social por la Convivencia, por lo que su nombre ya lo dice todo. La primera fase de ese proyecto ya está en marcha: el consistorio acaba de otorgar un contrato el pasado 11 de marzo por 2.566.090 euros a la empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, para ese cometido. Esta primera fase expirará el 31 de diciembre del año próximo, fecha en la que se podría alargar el contrato por otros dos años, con lo que el gasto en el proyecto totalizará los más de 5 millones aludidos.

“En el distrito de Ciutat Vella, tanto por su centralidad y capacidad de atracción como por su configuración social y densidad, se dan unas dinámicas complejas de difícil gestión”, dice un informe interno del Ayuntamiento que lleva fecha del pasado mes de diciembre. Los problemas de la zona son muchos y variados: desde la concentración de locales de ocio hasta la gentrificación, pasando por las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria, cuyo impacto agrava las relaciones sociales. Gestionar esa situación, junto con las graves consecuencias de la crisis sanitaria, en una zona con elevada exposición al desempleo y a la desestructuración social se antoja un trabajo de titanes. Además, hay que tener en cuenta otras variables, como el hecho de que una parte importante de la vecindad tienen diversas realidades culturales o idiomáticas, y otro alto porcentaje, problemas de acceso a la información, comunicación y divulgación de los mensajes sobre las medidas de prevención de la pandemia.

LOS GRANDES IMPACTOS SOCIALES

“Las consecuencias socioeconómicas de esta crisis sanitaria, difícilmente evaluables en estos momentos, pero sin duda de una gran envergadura, nos deberá hacer estar muy alerta para dar respuesta a las situaciones emergentes en cuanto a sectores de población afectados y las dinámicas sociales que se deriven”, dice el citado informe. En otras palabras, el impacto de la crisis ha sido brutal. La falta de potenciales clientes provenientes del turismo “ya están siendo contundentes en dos sectores: el sector comercial-hotelero y el de la vivienda en lo que respecta a sus usos. Las calles vacías de actividad y las viviendas vacías de personas, aunque sean temporales, es la situación en que nos encontramos y que tenemos que afrontar”.

En estos años, el otro gran impacto social ha sido la concentración de locales de ocio, lo que ha provocado que el distrito se convirtiese en uno de los ejes principales de intervención por las molestias generadas, debido a los ruidos, malos usos del espacio público y molestias a los vecinos y vecinas. “Desde la eclosión de la pandemia y en estos momentos de restricciones, este elemento no deja de ser una extensión más de las dinámicas que se puedan dar en el espacio público”, señala el informe. Esas dinámicas han hecho proliferar en el distrito los disturbios, las peleas callejeras, la inseguridad e incluso la suciedad.

Protesta vecinal ante la inseguridad en Ciutat Vella / HUGO FERNÁNDEZ

REFORMULAR EL ESPACIO PÚBLICO

Así pues, el Ayuntamiento quiere intervenir en el distrito para manejar la nueva realidad. “Será mucho más necesario reformular y resignificar el espacio público. Será preciso apoyar la reapropiación de la ciudadanía del espacio público para que las dinámicas comunitarias se llenen de nuevas actividades. Esta tarea, con una intervención conjunta con los agentes pretéritos y los que han aflorado durante la crisis de la pandemia, como las redes de apoyo mutuo y las adaptaciones de entidades que han variado sus funciones para dar cobertura a nuevas necesidades de la ciudadanía, serán uno de los principales retos a los que nos enfrentaremos a corto y medio plazo”.

El pliego técnico del contrato adjudicado señala que “la creciente especialización de los últimos años en el sector comercial y del ocio, vinculada al turismo, ha llevado a que cada vez más nos encontremos con unas calles y plazas frecuentemente saturadas de visitantes, actividades comerciales o actividades en la vía pública y sobreocupado por terrazas o vehículos de movilidad personal, entre otros, que han hecho que el equilibrio entre la vida vecinal y los usos que se han hecho del espacio público hayan sido difíciles, especialmente en los meses con más intensidad turística y en las zonas donde se concentra el ocio nocturno. Todo esto ha sufrido un cambio radical con la llegada de la pandemia del Covid-19, que ha hecho que cayese el turismo y nos hubiésemos encontrado, de repente, con unas calles vacías, con hoteles y comercios cerrados y vivienda inutilizada debido a la alta especialización al servicio del turismo”.

POBLACIÓN MUY VULNERABLE

A esa situación se le añade que Ciutat Vella “es el distrito más diverso de la ciudad y además concentra un volumen significativo de población en situación de vulnerabilidad”. Por algo es uno de los distritos con una renta per cápita más baja de Barcelona, circunstancia que ha provocado que el golpe de la crisis sanitaria le afectase aún más. “Teniendo en cuenta la alta dedicación de los vecinos de Ciutat Vella al sector servicios, sobre todo en hostelería, a la ya precariedad laboral, a menudo sin contrato, y con bajos ingresos en el sector en la que se encontraba una parte importante de la población antes ocupada, ahora ha quedado desprotegida en tanto que no ha tenido acceso a los recursos a los que debería haber llegado (paro, eres, ayudas a la vivienda…) en una situación regularizada en la que hubiese tenido una mayor cobertura social”. La crisis sanitaria ha supuesto, pues, un duro golpe y ha empujado un poco más a este distrito a una situación de emergencia que, si se agrava, puede desembocar en una situación comprometida, semejante a la de un polvorín social.

Así, los objetivos específicos del contrato son mejorar la proactividad de los servicios públicos, velar por el descanso vecinal, tejer relaciones de proximidad y vecindad entre espacio público y privado o entre diferentes contextos culturales, recuperar y diseñar otros usos del espacio público, prevenir el incumplimiento de las normativas municipales, detectar conflictos en escaleras de vecinos, facilitar la incorporación de todos los colectivos en la vida pública del distrito, mejorar la convivencia entre comunidades fomentando la cultura del diálogo y mejorar la atención a las personas vulnerables.

Desde el consistorio también se es consciente de que “tenemos un parque de vivienda envejecido, poco renovado y no siempre en condiciones adecuadas de habitabilidad, a lo que se le ha sumado los últimos años una creciente presión inmobiliaria que favoreció las malas prácticas en el campo de la vivienda”. Ante ello, el servicio de intervención social tendrá como misión “trabajar desde la proximidad en el ámbito social para incidir en cambios de dinámicas de uso y disfrutar del derecho a la ciudad. Por otro lado, sus intervenciones en las escaleras de vecinos deberán abordar las múltiples y diversas situaciones de conflictos que se puedan producir con el objetivo de mejorar las condiciones de convivencia y las relaciones en el ámbito privado comunitario”.

Establecimientos en Ciutat Vella / CR

DETECTAR MALAS PRÁCTICAS

El trabajo a realizar en el barrio se realiza, así, en tres ejes fundamentales: el espacio público, las escaleras de vecinos y las zonas de ocio nocturno. En el ámbito de las escaleras de vecinos, los responsables municipales quieren trabajar identificando los problemas de convivencia “y ofreciendo un servicio de mediación y acompañamiento a las comunidades, potenciando las prácticas que garanticen una vida vecinal respetuosa y constructiva en este ámbito”. Ese servicio de mediación recibirá los inputs desde diferentes sectores, ya sea vía instancias, Guardia Urbana o IRIS, por poner algunos ejemplos. “Ante las problemáticas emergentes, el Servicio intervendrá aportando una cultura pedagógica hacia los derechos y deberes de utilización del espacio público y con la mediación como herramienta en las intervenciones en las escaleras de vecinos”.

Tras detectar los conflictos de convivencia, debe realizar un diagnóstico de la situación, contactar con las partes, elaborar una estrategia de intervención e implementarla para solucionar el problema.

Paralelamente, Progess debe detectar, derivar y abordar situaciones de vulnerabilidad social. Por primera vez, el Ayuntamiento hará trabajar a una empresa colaboradora conjuntamente con los servicios sociales y los servicios de salud mental para atender a personas con posibles enfermedades mentales que no hayan sido detectadas hasta ahora. Y, por supuesto, “si se detectan malas prácticas inmobiliarias y del uso de la vivienda (como viviendas de uso turístico ilegal, mobbing o prácticas que generen molestias, como las actividades de narcopisos), se derivarán a los servicios pertinentes.

CAMBIO DE TERCIO

El proyecto representa una importante novedad. Según el consistorio, lo que comenzó en 2013 siendo un servicio de intervención vinculado al Plan de Verano (y, por tanto, estacional), con una dotación de personal de dos parejas de agentes cívicos ha ido evolucionando hacia la desestacionalización hasta acabar siendo un servicio muy profesionalizado y con altas exigencias en los niveles de competencias y formación.

No es un problema menor: de una estacionalidad turística, se pasó a una alta ocupación sostenida durante todo el año y ahora a la absoluta falta de turismo mientras se alarga la pandemia. “Una parte de las intervenciones de años atrás estaban muy focalizadas a disminuir el impacto en la convivencia de los vecinos de las zonas de ocio nocturno y concentradas de manera importante entre los meses de junio a septiembre, y ahora hemos de dar paso a unas intervenciones mucho más mantenidas a lo largo de todo el año y enfocadas a abordar las situaciones de conflictos de convivencia dentro de las comunidades de vecinos”.

El contrato otorgado el pasado viernes es muy explícito en sus términos: “El último año nos ha llevado a una situación totalmente nueva. Una situación de pandemia y confinamiento que ha hecho que los servicios se adaptasen a las nuevas necesidades de detección e intervención en cada uno de los ámbitos de intervención, habiendo dado apoyo a las necesidades emergentes en la gestión de las colas en los servicios de atención social y de reparto de alimentos, así como en la tarea de prevención y cumplimiento de medidas sanitarias que se han ido emitiendo. La misión de este contrato es garantizar el establecimiento de vínculos con la ciudadanía de los territorios para poder intervenir de una manera integral donde los profesionales se conviertan en referentes claros de la intervención social en el espacio público y en las comunidades de vecinos”. O eso o Barcelona correrá el peligro de padecer una crisis social en uno de sus distritos más vulnerables.