Toda la oposición en bloque ha pedido al gobierno de Ada Colau que salve el gimnasio Sant Pau, que se encuentra en el barrio del Raval. El 1 de julio, venció el contrato del equipamiento y los responsables del centro temen que la propiedad les eche.

En 2018, el pleno aprobó comprar la finca para garantizar la continuidad. El gimnasio lleva a cabo una importante labor social en el barrio. El miembro del consejo rector del gimnasio, Ferran Aguiló, ha denunciado la "inacción" del Ayuntamiento, que ha priorizado otras compras y ha puesto al Sant Pau "en la cola". 

OBLIGACIÓN MORAL

Representantes de todos los partidos de la oposición han participado este viernes en una rueda de prensa junto a responsables del gimnasio. El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha dicho, que es el momento de pasar del compromiso a la acción. Para Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, el gobierno tiene la obligación moral de cumplir con los acuerdos del plenario.  

"Ustedes hacen un trabajo muy humano, no pueden estar de ocupas", ha añadido el concejal del PP, Josep Bou. Y el edil de Ciutadans, Paco Sierra, ha sugerido buscar nuevas fórmulas de colaboración público-privada.

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