La entrada de la 'narcofinca' de la calle Príncep de Viana / G.A

La entrada de la 'narcofinca' de la calle Príncep de Viana / G.A

Ciutat vella

Desalojan la última narcofinca del Raval

La Guardia Urbana ha desplegado un gran dispositivo en el conflictivo edificio de la calle Príncep de Viana

23 febrero, 2021 11:14

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Un gran dispositivo de la Guardia Urbana está desalojando durante la mañana de este martes, 23 de febrero, la última narcofinca del Raval. El edificio, ubicado en el número 14 de la calle de Príncep de Viana, ha sido durante tres años un escenario de abusos sexuales, sobredosis mortales e incluso un homicidio.

El bloque, propiedad del fondo de inversión Cerberus, se encuentra en muy mal estado, tal y como certificaron los Bombers de Barcelona. El cuerpo informó el pasado 23 de diciembre que era “muy peligroso vivir allí”, y el Ayuntamiento consiguió un aval judicial para efectuar, de una vez por todas, su desahucio. Dos meses después, la Guardia Urbana está desocupando 11 viviendas en condiciones de inhabitabilidad.

VISITA ‘A LOS INFIERNOS’

Tal y como avanzó El Periódico, el pasado noviembre el Ayuntamiento de Barcelona invitó al fondo propietario a visitar los estragos causados por el negocio de la droga en su edificio. Los representantes de la compañía entraron a la narcofinca junto a los concejales de Barcelona en Comú, Jordi Rabassa y Lucía Martín.

El objetivo de dicha visita fue que la multinacional “cediera parte de las viviendas a alquiler social”. Las plataformas del barrio, como Acció Raval, hacen responsables a empresas como Cerberus de la situación que viven los vecinos afectados “por desentenderse de los pisos vacíos en su propiedad”.

CRÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO

La visita del fondo estadounidense a la finca fue interpretada como una “señal de buena voluntad” por parte de los vecinos. No obstante, Cerberus ignoró las quejas vecinales durante años.

El Ayuntamiento exige a la empresa que “se responsabilice de la finca y repare el daño causado”. Además, fuentes municipales explican que la administración “asume la responsabilidad de la propiedad” y trabaja con servicios sociales y la justicia para “desocupar” por el riesgo que conlleva para sus habitantes.