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"Una de las últimas vecinas de las Ramblas". Así definen desde los movimientos sociales y okupas de Barcelona a Maite Mendivil, la mujer que debía ser desalojada este jueves de su piso del centro pero que los okupas han frenado

Mendivil ha sido presentada ante los medios como una víctima de la "especulación inmobiliaria". Sin embargo, tras su desahucio no se esconde ningún fondo de inversión ni banco. El dueño del piso es un pequeño propietario barcelonés, que denunció a su inquilina después de que esta dejara de pagar el alquiler. La cuota mensual fijada a Mendivil es llamativa, pero no por ser inaccesible. Paga (o pagaba, porque dejó de hacerlo) menos de 300 euros al mes por un ático con terraza en las Ramblas, una de las calles más caras de Barcelona. El contrato de alquiler es de 1986, de ahí la cantidad irrisoria. 

PISO EN AIRBNB

Pero no solo eso. La inquilina también sacó tajada de su piso alquilado en el corazón turístico de la ciudad. Según ha podido comprobar Metrópoli Abierta, Mendivil alquiló habitaciones durante años en Airbnb. Se presentaba como Tetxu en la plataforma de alquiler vacacional, tuvo el anuncio colgado al menos hasta marzo de 2014, y por su casa pasaron al menos 46 huéspedes (el número de reseñas que tenía su perfil de Airbnb).

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Perfil de presentación de 'Tetxu' Mendivil en Airbnb / MA

Años después, en 2015/16, Mendivil dejó de pagar el alquiler al propietario. Éste recurrió a la justicia, y en junio de 2017 el juez dictó la primera orden de desalojo de la vivienda. Los abogados de la inquilina apelaron para ganar tiempo, mientras ella dejó de pagar todas las cuotas, explican fuentes cercanas a la propiedad. En noviembre de 2018 llegó la segunda sentencia de desahucio, esta vez firme. El juzgado solicitó al Ayuntamiento de Barcelona y a los servicios sociales que realojaran a la inquilina, pero éstos hicieron caso omiso a todos los requerimientos.

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Anuncio del piso de Mendivil en Airbnb / MA

CAMPAÑA DEL SINDICAT DEL RAVAL

Mientras, Mendivil permaneció en el piso de la Rambla de okupa. Cuando se fijó la fecha de desahucio para este jueves, el Sindicat d'Habitatge del Raval inició una intensa campaña para frenarlo. La organización ha utilizado para ello todo tipo de estrategias, algunas de las cuales rozan la ilegalidad. La campaña de intimidación se ha basado en un conjunto de amenazas y coacciones al propietario de la vivienda y al bufete de abogados que llevaba el caso. Al dueño le han atacado la casa con pintadas amenazantes y al bufete le realizaron un escrache en el despacho. Este jueves, el coletivo pro-okupa ha lanzado pintura y objetos contra los Mossos d'Esquadra.    

Agentes de los mossos d'esquadra tras intentar acceder al piso donde se tenía que producir el desahucio de Maite Mendivil / EFE
Agentes de los Mossos tras intentar acceder al piso donde se tenía que producir el desahucio de Maite Mendivil / EFE

Asegura el sindicato que el desalojo se debe a un malentendido en el pago de una mensualidad en el año 2015. Sin embargo, la justicia dio la razón al propietario hasta en dos ocasiones.

BCOMÚ REACCIONA DOS AÑOS MÁS TARDE

El papel del Ayuntamiento de Barcelona en el caso de Mendivil tampoco está exento de polémica. Este 1 de octubre, cuando los agentes antidisturbios de los Mossos estaban preparados para efectuar el lanzamiento, dos concejales de Barcelona en Comú se han personado en el lugar para negociar con la propiedad. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, y el edil de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, se han comprometido a pagar parte de la deuda de la okupa --6.000 euros-- en menos de una semana. También han prometido que facilitarán un piso a Mendivil en el distrito de Ciutat Vella. Cabe destacar que la inquilina lleva al menos dos años en lista de espera de la Mesa de Emergencia. Dos años sin que el consistorio barcelonés haya actuado para buscar una alternativa para la mujer. 

Fuentes cercanas al propietario señalan a este medio que el Ayuntamiento no se había puesto en contacto con ellos hasta este miércoles, cuando el desahucio ya estaba programado y a punto de ejecutarse. El acuerdo podría haber llegado mucho antes, pero al Ejecutivo local solo le ha interesado el caso de Mendivil cuando se ha mediatizado. 

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