El número 16 de la calle Grau i Torras de la Barceloneta está marcado por la tragedia. Hace un año (14 agosto de 2020) Abu, Mazar y Sarfrar morían calcinados en este pequeño piso de 30 metros cuadrados que compartían con cuatro compatriotas más. Rápidamente los bomberos detectaron el origen del fuego: la carga ilegal de ocho baterías eléctricas que se usan para conducir los bicitaxis que llevan a los turistas. Hoy, el riesgo de repetir el drama del barrio marítimo sigue latente. Cada día se pone a prueba la precaria conexión eléctrica en varios pisos de Ciutat Vella donde se cargan estas baterías. Lo denuncian vecinos, la comunidad pakistaní y partidos de la oposición.

"El riesgo sigue existiendo", advierte Tahir Rafi, presidente de la Asociación de Familias Paquistaníes de España. Durante estos meses se ha reunido con miembros de la comunidad del país asiático, con gran presencia en la Barceloneta. Critica, sin embargo, que el Ayuntamiento no ha hecho lo mismo para conocer la radiografía de esta actividad y la situación de aquellos que se dedican a este trabajo. Aquí, calcula Rafi, un centenar de vecinos pedalean a diario encima de estos triciclos. La mayoría de ellos son autónomos, tiene permiso de trabajo y licencia. "Algunos quizás no lo tendrán. Siempre les digo que lo importante es respetar las leyes", comenta.

PROTOCOLO DE INFRAVIVIENDA

En octubre de 2020, dos meses después del incendio mortal, Ciutadans pidió en un pleno al Ayuntamiento más esfuerzos para controlar la situación de la infravivienda en Ciutat Vella. La consejera portavoz del partido naranja, Julia Barea, recuerda que el consistorio prometió que revisaría el protocolo existente. "Nadie nos ha presentado un estudio de infravivienda. ¿A qué esperan para mejorar la situación?", reclama. 

Barea mantiene un contracto estrecho con los vecinos del céntrico distrito de Barcelona y está convencida de que a día de hoy se están cargando baterías en diferentes pisos habitados. "En la Barceloneta y el Raval está ocurriendo. Al menos en cinco o seis pisos", sostiene. 

INCENDIO EN EL RAVAL

El pasado 11 de agosto, una tragedia similar a la de la Barceloneta estuvo cerca de repetirse en el antiguo barrio chino. Un violento incendio, de nuevo ocasionado por las cargas de una decena de baterías, acorraló a una familia de origen pakistaní formada por cinco miembros. Tres guardias urbanos acudieron al piso de la calle de Robadors afectado y protagonizaron un rescate que, muy probablemente, les salvó la vida. Dos personas (un hombre y una mujer) sufrieron heridas de diversa consideración y fueron ingresados en el hospital. El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% de su cuerpo.

Piso quemado en la calle de Robadors el 11 de agosto / UGT URBANA
Piso quemado en la calle de Robadors el 11 de agosto / UGT URBANA

 

Desde Esquerra Republicana (ERC), Jordi Coronas apunta que en esta situación entran en juego tres realidades: la pobreza de la infravivienda, personas en situación administrativa irregular y el mundo de los bicitaxis. "Es un foco más de la economía sumergida de la ciudad. Los vecinos y los propios ciudadanos de origen pakistaní que cargan las baterías en estas instalaciones corren en peligro. Es un drama", opina el portavoz de los independentistas en Barcelona. 

SIN RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Metrópoli ha preguntado al Ayuntamiento qué actuaciones ha realizado para controlar la carga ilegal de estas baterías en pisos habitados, pero no ha obtenido respuesta. "Alguna cosa se está haciendo mal", observa Barea (Cs) que explica que el Ayuntamiento "no puede entrar en edificios que no sean de titularidad municipal". No piensa lo mismo Manel Martínez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta. "La policía sí tiene potestad para inspeccionar cuando hay un indicio falgrante de un posible delito o emergencia producidos por una actividad que puede provocar un incidente", afirma. 

Martínez considera que el gobierno municipal no hace suficiente para evitar incendios como el de hace un año. En julio, la entidad vecinal denunció reiteradamente al Ayuntamiento la existencia de un supuesto estacionamiento ilegal de bicitaxis cuyos responsables borraron las marcas de aparcamiento para los residentes. "Amenazaron a los vecinos con pincharles las ruedas si aparcaban allí y no hicieron nada. La Guardia Urbana y nosotros tuvimos que pedir hasta tres veces que pintaran de nuevo la señal de aparcamiento en el asfalto", recuerda el líder vecinal.

ERC: PEDIMOS MÁS INSPECCIONES

Desde ERC coinciden en criticar los pocos esfuerzos del consistorio. "Nosotros pedimos incrementar las inspecciones a locales donde pueda ocurrir un incendio como el de la Barceloneta. El gobierno de Ciutat Vella hace mucha retórica, pero a la hora de la verdad no se hacen suficientes inspecciones. Los seis inquilinos del piso pagaban un alquiler de 700 euros para un local. Quizá todo el mundo tenga un poco de culpa de lo que está pasando", señala Coronas.

El Ayuntamiento sí ha incrementado el control y las inspecciones sobre los bicitaxis. La cuenta de Twitter de la Guardia Urbana informa semanalmente de, al menos, una inspección a decenas de estos vehículos, que acumulan centenares de denuncias. La mayorías de las sanciones, dice Coronas, se producen por circular por calles que no les está permitidos. En verano, las bicitaxis no pueden cruzar el distrito y solo pueden hacerlo por algunas pocas vías como el paseo de Colom y el paseo de Picasso. La policía también encuentra usuarios que no tienen licencia para realizar esta actividad.

Unos guardias urbanos multan al conductor de un bicitaxi / AYUNTAMIENTO BARCELONA
Unos guardias urbanos multan al conductor de un bicitaxi / AYUNTAMIENTO BARCELONA

 

NORMATIVA DE BICITAXIS

En Barcelona hay unos 500 triciclos dedicados al turismo que cuentan con licencia. La consejera de Junts per Catalunya en Ciutat Vella, Maria Chacón, insta al gobierno de Ada Colau a que se "ponga las pilas" con la regulación de la actividad de los bicitaxis. Hace unos meses técnicos del Ayuntamiento y la Dirección General de Tráfico (DGT) empezaron a trabajar juntos para elabroar la nueva normativa. Además, la Generalitat regulará el sector para definirlo como actividad económica y así establecer un marco legal.

En paralelo al circuito legal de bicitaxis, algunos conductores ejercen esta actividad de manera irregular. Chacón apunta a la actual ley de extranjería "injusta que motiva la precarización" de estos ciclistas y ubica varios punto con almacenes vacíos que se estarían usando para cargar estas baterías en las calles Carretas, Vistalegre y Cera del Raval. 

En un parking privado de la plaza dels Àngels, la política observa habitualmente una docena de triciclos aparcados. "Si están allí es que cargan las baterías en sus casas", señala. "O se prohíbe la situación de los trixis o se regula para que sea obligatorio disponer de un local para cargar con una instalación adecuada. De lo contrario cargan donde quieren, se producen sobrecargas en la línea eléctrica y ocurren estas cosas", afirma Coronas.

EL GRITO DE LAS VÍCTIMAS

Martínez subraya el peligro de la instalación precaria de la conexión eléctrica que se usan para cargar estas baterías. "Hay otros bajos denunciados. El peligro es que esto se multiplique porque el Ayuntamiento no hace las cosas como toca. A veces declaran estos espacios como si fuera un almacén de bicicletas, pero en realidad pinchan el fluido eléctrico para cargar baterías".

En la calle Grau i Torras algunos vecinos aun recuerdan la noche en que murieron Abu, Mazar y Sarfrar. Los gritos de los tres hombres mientras morían agarrados a los hierros de su puerta resuenan en las cabezas de algunas vecinas que vivían a escasos metros. "Los partidos políticos, sobre todo si gobiernan, actuarían de otra manera si hubieran escuchado los gritos de las víctimas", reflexiona Martínez.

Si quieres leer más noticias como esta y estar informado de la actualidad de Barcelona, descárgate nuestra app para iOS y Android.