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Cuando Gerard Borràs inició en 2015 unas reformas para abrir un gimnasio, no imaginaba que a finales de 2019 se estaría preparando para despedirse de este proyecto. Le llamó The Black Box, se encontraba en la calle Reina Amàlia, 26, del Raval y fue el lugar donde iban regularmente a entrenar unas 200 personas de diferentes zonas de Barcelona.

Desde el otro lado del teléfono, cuenta a Metrópoli Abierta que los problemas llegaron con las segundas reformas que realizó en el establecimiento. Era verano de 2017 y la idea era que un despacho de arquitectos que había contratado conectara el local de Reina Amalia 26 con el 24. Pero el hecho de no tener licencia de obras llevó a los vecinos a quejarse del ruido. “En invierno de 2018 vino a verme el Ayuntamiento de Barcelona y me enteré de que la empresa no había pedido el permiso de obras. Lo precintó porque había visto irregularidades. Hizo lo correcto”, reconoce al traer al recordar el momento en el que se embarcó en una “odisea” para recuperar su negocio. Los responsables de las obras le habían "engañado”, asegura.

DESCUIDOS Y NEGLIGENCIAS

Durante casi tres meses se personó casi cada día al Ayuntamiento para enmendar lo ocurrido. Fue entonces cuando, según dice, también se percató de que la construcción que había realizado era ilegal: no podía conectar dos locales pertenecientes a distintas fincas. En ese momento no le quedó más opción que tapiar la conexión entre estos y prepararse para encarar “el siguiente problema”: la empresa que le hizo las primeras obras no había realizado el Informe urbanístico previo a una comunicación de actividad.

Gerard Borràs en un entreno en The Black Box / CEDIDA
Gerard Borràs en un entreno en The Black Box / CEDIDA

Eso significaba que ni Borràs ni la compañía habían controlado que el establecimiento respetara la densidad radial que debía mantener con el resto de gimnasios o centros deportivos de su alrededor. “Es algo que debería haber gestionado antes de iniciar las obras. Pero al final pagué a las empresas que realizaron las reformas –todas de Barcelona– para que lo gestionaran todo. He aprendido tarde y a base de hostias al acudir al Ayuntamiento, pero he aprendido”, admite Borràs y añade: “cuando iba al consistorio me preguntaban sorprendidos: ‘¿cómo te has metido en esto sin realizar las gestiones previas?’.

NARCOPISOS

Cuando Borrás creía tener la solución – dejar de lado el gimnasio The Black Box y abrir un centro de Yoga –, se encontró con otra problemática que estaba muy lejos de ser competencia del consistorio. El arrendador del local le notificó que le cancelaría el contrato de alquiler porque llevaba unos seis meses pagándole con retraso. “Mi situación económica es muy grave. He despedido a mis cuatro trabajadores y les debo el finiquito. Cuando me recupere económicamente, interpondré las denuncias a las empresas que han ejecutado las reformas del establecimiento. Todo vale dinero”, señala Borràs al hablar de unas circunstancias que, aunque reconoce parte de responsabilidad, avivan su indignación. 

“Es tan fácil que una mala decisión tras otra te lleve a bajar para siempre la persiana de tu negocio y, por otro lado, tan difícil echar a los traficantes del barrio. Yo cerraré el local y los dos narcolocales de Reina Amàlia seguirán aquí”, indica y, acto seguido, agrega que el local donde se encontraba The Black Box había sido utilizado como punto de venta de drogas en dos ocasiones. La presencia del gimnasio y de sus clientes fueron una especie de tirita para el barrio. Durante unos meses contrarrestaron la repercusión de las drogas y del tráfico de estupefacientes en El Raval.