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El Ayuntamiento ha empezado a desalojar a los vecinos de los pisos de la calle Lancaster 7, 9 y 11, de propiedad municipal. Los actuales habitantes han empezado a recibir cartas del consistorio en las que les avisa de que durante este mes de marzo deberán entregar las llaves. Las primeras misivas les han sido entregadas a varios ocupantes de pisos del número 7, aunque el plan del consistorio contempla enviar las mismas cartas a los ocupantes que no cumplen con sus obligaciones contractuales al resto de los vecinos de los otros dos inmuebles.

Las razones que esgrime el Ayuntamiento en sus avisos es que los ocupantes de dichos pisos han incumplido “las obligaciones del contrato”, por lo que el Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona “no renovará el contrato de arrendamiento” del piso en cuestión.

USO IRREGULAR

En realidad, la decisión del Ayuntamiento ha estado forzada por la proposición presentada ante el Consell de Districte de Ciutat Vella, que preside Gala Pin, por la consejera del PP, Elisabeth Jiménez, que en su día instó a los responsables del distrito a tomar medidas para acabar con el uso ilegal de los pisos situados en esas fincas, que son de propiedad municipal desde el mes de abril de 2017.

De hecho, las denuncias de la concejal popular están fundadas en las numerosas quejas que los vecinos de la calle Lancaster habían hecho llegar al distrito por es uso irregular que los ocupantes de los pisos hacían de los mismos.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor del PP, el PDeCAT, el PSC, ERC y Ciudadanos, mientras que votaron en contra BeC y la CUP.

LATEROS Y DROGAS

Las quejas vecinales sobre la existencia de viviendas que se dedicaban al tráfico de drogas o como almacenes para los lateros que ejercían la venta de bebidas de manera ilegal en la Rambla ha obligado finalmente a los responsables de vivienda del Ayuntamiento a enviar las cartas avisando de la no renovación del contrato de alquiler de la vivienda.

A estas quejas hay que sumar el pésimo estado de conservación de los edificios, que presentan numerosas deficiencias tanto en las zonas comunes como en el interior de las viviendas.

La presencia de los lateros y los traficantes de drogas en la calle, que usaban las viviendas de los edificios como lugares de almacenaje y que generaban tensiones en el vecindario, ha sido la principal causa por la que el consistorio se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto, aunque algunos vecinos se quejan del retraso con que se ha tomado la decisión de desalojar a aquellos inquilinos que usaban los inmuebles para llevar a cabo actividades ilegales.

La inacción del gobierno municipal y la permisividad con la que venía actuando desde quie adquirió la propiedad han venido provocando un enorme malestar entre los habitantes de la zona, que han visto como la calle ha experimentado un proceso de degradación en los últimos meses.

SERIA AMENAZA

Además, en la carta que han recibido algunos de los ocupantes de las viviendas se les recuerda que deben entregar las llaves del piso, para lo que deberán concertar una cita con el Institut Municipal de l'Habitatge, durante el mes de marzo. En caso contrario, el Ayuntamiento les amenaza con “emprender las correspondientes acciones judiciales” para desahuciarles de los pisos ocupados.

Los inquilinos de esos pisos, a los que se les había subrogado el contrato cuando el Ayuntamiento compró los edificios, tenían derecho a permanecer en los mismos ya que el acuerdo contractual se ha ido prorrogando mensualmente. Las comunicaciones de la negativa de renovar los contratos les empezaron a llegar a los inquilinos a principio de mes de febrero.