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La historia se repite en el Raval. Elisa, la protagonista de esta historia, ocupó en 2017 un piso utilizado para la venta de drogas desde 2012. Ahora, los vecinos denuncian que Bankia, propietario de la vivienda, quiere desahuciar a esta mujer, que con el apoyo de Acció Raval y los vecinos impidieron el regreso de un grupo de narcotraficantes que pretendían recuperar el piso.

El conflicto entre la familia, el barrio, administraciones y traficantes tiene lugar en el número 4 de la calle de Vistalegre. Desde la plataforma vecinal relatan que viven un déjà vu, una situación que ya han vivido en varias ocasiones en los últimos meses. "Una vez más, los fondos de inversión y las entidades financieras actúan en sintonía con el narcotráfico", se lamenta Acció Raval en un comunicado.

INACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

La entidad denuncia la pasividad de bancos y fondos de inversión cuando sus pisos son okupados por bandas de traficantes. Cuando son ciudadanos en una situación vulnerable, sin embargo, los vecinos critican las prisas de los grandes tenedores en desalojarlos. 

Elisa y otros residentes tuvieron que "proteger" la vivienda "ante los intentos de los traficantes de recuperarla por la fuerza. La plataforma vecinal carga contra el Ayuntamiento y la Generalitat por su papel en este caso. Las instituciones que debían garantizar el derecho a una vivienda y el buen uso de las que ya existen no lo han hecho", aseguran.

NEGATIVA DEL JUEZ

El desalojo está previsto para el próximo lunes 19 de julio a las 10.30 horas. Elisa, que vive con sus dos hijos, ha intentado negociar un alquiler asequible con Bankia aunque la entidad financiera se ha negado, según explica Acció Raval. Ha presentado un informe de vulnerabilidad como familia monoparental y por tratarse de un gran tenedor, pero el juez ha desestimado esta circunstancia

"Ya llevamos más de cinco años de lucha contra el uso de viviendas destinadas a actos delictivos, que proliferaron mientras se desahuciaban familias o se embargaban propiedades. Durante la crisis financiera, miles de viviendas cayeron en manos de los bancos que, posteriormente, el Estado tuvo que rescatar con dinero público. Ya va siendo hora que los responsables políticos y judiciales obliguen a los grandes propietarios a cumplir con las leyes y la propia Constitución: el derecho a vivienda y el sometimiento del mercado inmobiliario a los intereses públicos", reclama la plataforma que durante los últimos años ha protagonizado una lucha incansable contra el narcotráfico en el Raval.

 

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