El gobierno municipal de Barcelona, que lidera Ada Colau, ha enfriado la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia en Las Ramblas. El Ayuntamiento ha suspendido la licitación para instalar 13 cámaras de alta definición que sirvan para luchar contra el terrorismo y la delincuencia en el famoso bulevar. La noticia ha indignado a los comerciantes, que piden su instalación ante el "deterioro" de una de las calles más icónicas de la capital catalana.

Según informa este viernes Crónica Global, el Ejecutivo sociocomún suspendió en agosto el concurso público para encontrar una empresa que instalara los dispositivos de última generación para prevenir actos terroristas y delictivos.

PROBLEMAS CON EL PLIEGO DE CONDICIONES

Informó de ello en el boletín municipal y se comunicó a las compañías interesadas en hacerse con el contrato, cuyo presupuesto sube a 179.655,72 euros. Parte de esos fondos proceden de dinero comunitario vehiculado mediante el programa Secur'cities. La justificación oficial es que el pliego de condiciones "no respetaba el principio de concurrencia técnica ni neutralidad tecnológica". Ello provocaba una situación de "cautividad técnica". De momento, la anunciada nueva licitación no se ha convocado.

El citado medio catalán ha tratado de conocer el porqué de la marcha atrás y si se retomará la adjudicación. El equipo de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona no ha contestado a los requerimientos informativos.

VECINOS Y COMERCIANTES DISCREPAN

Quien sí lo ha hecho es Fermín Villar, presidente de Amics de La Rambla. Según el líder vecinal, la paralización de la nueva videovigilancia "es una mala noticia". Desde su punto de vista, las 13 nuevas cámaras de alta definición deben instalarse en Las Ramblas a causa "de la situación de deterioro" de la seguridad pública en algunos puntos cercanos al paseo. Concretamente, Villar apunta que se deberían colocar "desde la calle Ferran hacia arriba, pues la noche es complicada. Igual que desde la calle Arc del Teatre hasta la narcosala de Drassanes", ha indicado el activista.

Para Villar, la videovigilancia reforzada del paseo "es una reivindicación de los comerciantes", así como la instalación de cámaras en otros puntos, como la calle Escudellers, y la mejora de algunos dispositivos existentes para que las imágenes tengan validez judicial.

LA SITUACIÓN DE BATLLE

La mala noticia del programa de videovigilancia se suma a la incertidumbre que provoca la situación del teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, que anunció que sería candidato de Units per Avançar a las autonómicas catalanas y su partido, el PSC, le recordó que para ello debía abandonar su concejalía. "Se impone aclarar esa situación", avisa el comerciante.

Si bien la situación del político de Sant Gervasi no está clara, sí lo está la postura de Barcelona en Comú. El partido de Ada Colau se ha opuesto históricamente a la vigilancia del espacio público con cámaras, tanto en las reuniones con vecinos, que se lo pidieron reiteradamente el pasado mandato, hasta públicamente, tal y como avanzó VozPópuli. La última muestra de ello tuvo lugar en la comisión de Presidencia de febrero, antes de la pandemia. Ciudadanos llevó a aquella sesión una proposición para aumentar el número de dispositivos de vigilancia en la vía pública. BComú tumbó la iniciativa con los votos de PSC y ERC. El PP y Barcelona pel Canvi sí apoyaron el planteamiento de la formación naranja.

Durante la misma comisión, no obstante, el propio Batlle deslizó que el gobierno municipal sopesaba instalar cámaras en Las Ramblas y el paseo de Gràcia. En mayo, la idea del responsable municipal de seguridad se plasmó: se publicó la licitación del suministro de los dispositivos para Ciutat Vella. El proceso fue de uno de los pocos que se tramitó durante la pandemia. Pero ahora esta medida está guardada en la nevera.

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